(Bogotá/ Lima, 25/10/2021) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que después de perder sus ingresos durante la pandemia de COVID-19, los refugiados y migrantes venezolanos desalojados de sus hogares corren ahora un riesgo mayor que nunca, muestra una nueva visualización de datos.
«El colapso de las economías informales y la pérdida de empleos en América Latina durante los cierres de COVID-19 el año pasado provocó que muchos refugiados y migrantes de Venezuela no pudieran pagar el alquiler y se vean obligados a quedarse sin hogar, según una nueva visualización de datos publicada el lunes», señala el ACNUR.
La agencia de las Naciones Unidas destaca que, a octubre de 2021, una combinación de violencia, inseguridad y falta de alimentos, medicinas y otros servicios en Venezuela había obligado a más de 5,9 millones de personas a huir del país, creando una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo. Más del 80 por ciento huyó a otros países de América Latina y el Caribe, siendo Colombia y Perú el hogar de la mayoría.
La nueva visualización de datos – Sin hogar lejos del hogar – fue producida por socios de la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, basada en una encuesta de desplazados de 2020. Venezolanos que habían sido desalojados o notificados con un aviso de desalojo. Tres cuartas partes de los que perdieron sus hogares terminaron viviendo en la calle. Un asombroso 80% de los desalojados eran mujeres, más de la mitad de las cuales eran el único sostén de la familia.
“La pandemia de COVID-19 ha agravado aún más las ya delicadas condiciones de vida de los refugiados y migrantes de Venezuela. Además de los graves impactos en la salud, la crisis de salud ha causado trastornos económicos y exacerbado los riesgos de protección ”, dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto ACNUR-OIM para refugiados y migrantes venezolanos, en diciembre.
Además, ACNUR resalta que de perder el techo sobre sus cabezas, muchas familias desalojadas posteriormente enfrentaron un mayor riesgo de exposición al virus y tuvieron más dificultades para acceder a los servicios básicos, incluidos el agua y el saneamiento. Otros riesgos asociados incluían la discriminación y la xenofobia, especialmente contra quienes se ven obligados a vivir en la calle, la exposición a la violencia y los niños que abandonan la escuela o son reclutados por grupos armados y el crimen organizado.
Además de sus medios de vida precarios, un factor clave que hace que los venezolanos desplazados sean vulnerables al desalojo forzoso fue la ausencia de acuerdos formales de arrendamiento entre más de las tres cuartas partes de los encuestados, lo que los dejó expuestos a la explotación y el abuso por parte de los propietarios.
Los datos muestran que solo un tercio de las familias desalojadas y una quinta parte de las que corren el riesgo de perder sus hogares habían recibido algún tipo de asistencia para evitar el desalojo, como subsidios de alquiler o asistencia jurídica.
Con base en los hallazgos, los socios de R4V pidieron a los donantes internacionales que asignen recursos para mejorar el acceso a una vivienda adecuada para los venezolanos desplazados, y que las organizaciones sobre el terreno concentren la asistencia en las familias desalojadas o en riesgo inminente.
