(Ginebra, 19/03/2024) Durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas representada por la Alta Comisionada Adjunta Nada Al – Nashif, presentó ante los Estado miembros del consejo una nueva actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Expulsión de la OACNUDH

La Alta Comisionada Adjunta lamentó la decisión tomada por el gobierno venezolano de suspender las actividades de la Oficina en el país y la expulsión de los oficiales del ACNUDH en un plazo de 72 horas. «Estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y mi Oficina como base para nuestra presencia», señaló.

Recordó que desde la presencia de la Oficina en 2019, esta ha emitido recomendaciones sobre recomendaciones sobre las condiciones de detención, realizó talleres para funcionarios estatales sobre obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; revisó y formuló comentarios a proyectos de ley, así como también apoyó la elaboración de directrices para la investigación de delitos contra la vida y la integridad física; y recientemente ha ampliado las esferas de cooperación al Ministerio de Pueblos Indígenas.

Represión y restricciones al especio cívico previo a las elecciones

Al – Nashif manifestó preocupación por las denuncias de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos y restricciones para acceder a las prestaciones sociales por participar en las manifestaciones sociales, en especial al estar un periodo pre-electoral, las cuales han sido anunciadas para el 28 de julio de este año.

Ante la proximidad de las elecciones, la Alta Comisionada Adjunta afirmó estar preocupada por las acciones para restringir el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición. «Los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse. Reitero los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos», señaló.

Destacó que estas acciones restrictivas han afectado a las personas defensoras de derechos humanos en el país, quienes se enfrentan a la represión, detenciones arbitrarias y amenazas, como los defensores Javier Tarazona y Rocío San Miguel.

Al – Nashif  llamó a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, la cual advirtió podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital.

Cumplir con el Acuerdo de Barbados

La firma de los Acuerdos de Barbados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática fue visto como un paso positivo para establecer las condiciones para unas elecciones creíbles, destacó Al – Nashif . «Hago un llamamiento para que se apliquen plenamente de buena fe y recuerdo a todas las partes que los derechos humanos deben ser un elemento central de las negociaciones».

Sobre la liberación de 34 personas privadas de libertad producto de los acuerdos, la Alta Comisionada Adjunta afirmó haber recibido la noticia con satisfacción, pero resaltó que la mayoría de estas personas siguen sujetas a procesos penales y deben hacer presentaciones periódicas ante el sistema de justicia. En total, en 2023 la Oficina registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. «Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente». 

Desapariciones forzadas, torturas y violaciones al debido proceso

Desde enero de 2023, el ACNUDH documentó 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención, informó la Alta Comisionada Adjunta. Agregó que estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. «Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero», dijo.

Si bien el Estado tiene el deber de mantener el orden público, todas las medidas deben ser compatibles con el derecho internacional, incluida la conformidad de la legislación penal con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Esto incluye a todos los presuntos responsables de actos de violencia o intentos de promoción de la violencia. Ellos también deben tener un juicio justo y el debido proceso de conformidad con el derecho internacional, indicó Al – Nashif.

Informó que la Oficina ha recibido denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, algunas de las cuales podrían constituir tortura. «Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana».

Condiciones en centros de detenciones

Al – Nashif señaló que en julio de 2023, la Oficina realizó siete visitas a centros de detención, dando un total de 70 visitas realizadas desde 2019. Según lo observado, la Alta Comisionada Adjunta aseguró que las autoridades han tomado medidas para hacer frente a los problemas críticos relacionados con la privación de libertad, como las demoras judiciales y el hacinamiento en los centros de detención preventiva. «Aliento a las autoridades a que adopten nuevas medidas para mejorar las condiciones de detención, el acceso a alimentos y agua adecuados, y a la salud», incentivó.

Continúan los retos en derechos económicos y sociales

Al – Nashif  indicó que a pesar de los signos de crecimiento económico de los últimos dos años, el acceso a la salud, la alimentación y la educación siguen enfrentando desafíos estructurales como la falta de personal y de financiamiento, afectando de forma desproporcionada a las mujeres, a las comunidades indígenas y campesinas.

Como ha reiterado el Alto Comisionado, las sanciones sectoriales han exacerbado los problemas preexistentes y han tenido un impacto negativo desproporcionado en los segmentos más vulnerables de la población. Una vez más, hay que levantar las sanciones, recordó.

Señaló el reciente anuncio de las máximas autoridades de aumentar las prestaciones sociales, se deben realizar esfuerzos adicionales para ajustar el salario mínimo al costo de vida. «Acojo con beneplácito la continuación del Foro de Diálogo Social tripartito organizado por el Gobierno con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo», dijo.

A pesar de lo anterior, destacó que no se ha avanzado en la modificación de la legislación que penaliza el aborto; sobre el reconocimiento de las personas trans bajo la identidad de género de su elección; y de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Traducción no oficial.

Fuente: OACNUDH