(Nueva York, 29/09/2021) En el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Cooperación con Naciones Unidas y sus representantes en el campo de los derechos humanos, múltiples casos de represalias contra organizaciones de derechos humanos y personas defensoras venezolanas son mencionadas.
En el informe se explica que, múltiples actores de la ONU abordaron las denuncias de intimidación y represalias contra defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que cooperaron o fueron percibidos como cooperantes con la ONU, en particular aquellos que implementan programas humanitarios. Señalaron que las ONG estaban etiquetados como «criminales», «mercenarios», «ladrones», «terroristas» y «enemigos del Estado», incluso en las Naciones Unidas y en los portales en línea afiliados al gobierno.
A su vez destaca que los miembros de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (FFM) pidieron garantías de protección para asegurar que no haya represalias contra quienes habían proporcionado información a las FFM y sus familiares . Según la información recibida por el ACNUDH, las condiciones de detención de algunas personas se agravaron luego de su cooperación con la ONU, incluso después de la inclusión de sus casos en el informe de la FFM, como los del capitán de marina Luis de la Sotta.
Los titulares de mandatos de procedimientos especiales abordaron la estigmatización de cinco ONG y dos personas por parte de altos funcionarios del Estado tras su cooperación con la ONU, incluida la FFM (VEN 10/2020): Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (COFAVIC); Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS); Centro de Justicia y Paz (CEPAZ); Control Ciudadano y su directora Sra. Rocío San Miguel; y Espacio Público y su director Carlos Correa.
Titulares de mandatos abordaron la detención arbitraria y posterior liberación de cinco integrantes de la ONG Azul Positivo, brindando ayuda humanitaria a personas que viven con VIH / SIDA: Johan Manuel León Reyes, Yordy Tobias Bermúdez Gutierrez, Layners Christian Gutierrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio , y Luis Ramón Ferrebuz Canbrera, en relación a su trabajo como socios implementadores de la ONU. Varios actores de la ONU, incluido el Portavoz del Secretario General, se dirigieron a su detención y pidieron su liberación.
Los titulares de mandatos expresaron su preocupación por la aprobación de una ley que restringiría significativamente el acceso de las ONG a la financiación extranjera, y señalaron que esas medidas tienen «efectos paralizantes» para el apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables.
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