(Ginebra, 13/04/2021) Un grupo de relatores y relatoras de Naciones Unidas solicitaron información al gobierno venezolano sobre la creciente criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Específicamente, los relatores y relatoras solicitaron información sobre la detención arbitraria de cinco miembros de la organización Azul Positivo, así como el allanamiento de la organización Convite A.C. y la criminalización de la defensora Vanessa Rosales del Estado Mérida.

Los relatores y relatoras aseguraron estar particularmente preocupados por la detención de los miembros de Azul Positivo y la incomunicación y falta de acceso a asistencia legal durante parte del tiempo que se encontraron detenidos. También manifestaron su preocupación por los integrantes de la ONG Convite A.C., quienes aparentemente fueron criminalizados por su trabajo como personas defensoras.

«Las alegaciones de detenciones e interrogatorios como las mencionadas podrían tener un efecto disuasivo en la sociedad civil del país, incluidos aquellos que actúan como socios implementadores de la ONU, que podrían dejar de realizar su legítima labor por miedo a represalias», destacaron. Además, recordaron que es deber del Estado promover y reconocer, así como proteger los derechos humanos y la importante contribución que las organizaciones y las personas defensoras que tienen en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, lo que aseguran los relatores y relatoras es esencial para la promoción y protección de los derechos humanos.

A su vez, el grupo de expertos y expertas de Naciones Unidas sobre el caso de la defensora de derechos sexuales y reproductivos Vanessa González  expresaron que todos tenemos derecho a recibir y difundir información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales y destacaron que la prohibición absoluta del aborto solo agudiza la discriminación de las mujeres y niñas, y es contrario a las obligaciones del Estado venezolano de proteger el derecho a la salud, la integridad, la privacidad y la autonomía reproductiva.

«En particular, nos preocupa que el aparente uso indebido del derecho penal judicial para judicializar a las personas defensoras por su trabajo a favor de los derechos humanos y la criminalización de las personas defensoras pueda convertirse en un patrón sistemático. Finalmente, nos preocupan que los casos expuesto pueda poner en manifiesto el contexto de hostigamiento, estigmatización y ataques a las personas que defienden derechos humanos en Venezuela», dijeron.

Para finalizar las y los relatores solicitaron mayor información sobre las denuncias mencionadas anteriormente y que debían recibir respuesta en un periodo de 60 días:

1. Información sobre las alegaciones mencionadas.
2. Información sobre la base fáctica y jurídica de las detenciones, cargos y arrestos de las personas mencionadas y explicar la forma en que son compatibles con la normativa internacional de derechos humanos.
3. Información sobre las medidas tomadas para garantizar la asistencia jurídica de libertad y durante todo el proceso.
4. Información sobre el número de mujeres procesadas y privadas de libertad por delitos relacionados con el aborto de 2014.
5. Información sobre todas las medidas proporcionadas para que todas las organizaciones de derechos humanos en Venezuela desarrollen sus funciones libremente, y que sus miembros realicen actividades en un entorno seguro y propicio.
6. Información sobre medidas aplicadas para cumplir con las recomendaciones del CEDAW sobre la despenalización del aborto.
7. Información sobre medidas aplicadas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Los relatores y relatoras: Situación de los defensores y defensoras de derechos humanos; Grupo de trabajo de detención arbitraria; Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; Derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación; Derech

Respuesta

El gobierno venezolano a través de la Misión Permanente ante la Oficina de Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacional con sede en Ginebra, respondieron a la solicitud de información asegurando que la carta elaborada por el grupo de expertos y expertas de Naciones Unidas carece de bases y se afirma que en el país se garantiza y protege el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.

Solicitud de información 

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