(Ginebra, 01/07/2021) En aras de una nueva actualización oral sobre los derechos humanos en Venezuela, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y su oficia presentan un nuevo informe, en el cual se destacan las operaciones de seguridad y las necesidades de reformas institucionales en las fuerzas de seguridad y armadas.

Ejecuciones extrajudiciales y operaciones de seguridad

Sobre el derecho a la vida El ACNUDH documentó 17 casos de muertes presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas, que asegura coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales mencionados en informes anteriores, y que la mayoría de las muertes documentadas por el ACNUDH durante el período que abarca por el informe fueron atribuidas a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Bolivariana. A su vez, en el informe se resalta que ha habido un descenso de las denuncias atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales desde febrero 2020.

Los muertes reportadas durante operativos de seguridad ocurrieron en el Distrito Capital y en los estados de Miranda, Monagas, La Guaira y Zulia. Una de las muertes ocurrió en el contexto de una protesta, y el resto  durante operaciones de seguridad realizadas en zonas marcadas por elevados niveles de inseguridad y violencia.

Los testigos de los casos mencionados informaron a la OACNUDH que los agentes de seguridad utilizaron la violencia, incluida la violencia de género, para controlarlos y separaron a las víctimas de sus familiares. También informaron haber sido insultados, golpeados, arrastrados por el pelo y amenazados de muerte si no obedecían, incluso en algunos casos, fueron objeto de acoso y violencia sexual. «Las mujeres y los niños familiares de las víctimas, que en mucho de los casos se encontraban presentes, fueron los más afectados», asegura la Alta Comisionada.

En el informe se destaca que la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes y niños de familias de bajos ingresos en barrios marginales. «Estos sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades, ya que infunden miedo en la población, generan desconfianza en las fuerzas del orden público, marginan aún más a las comunidades pobres y provocan desplazamientos», dice.

Sobre los hechos ocurridos en la parroquia de La Vega en Caracas, La Alta Comisionada señala que esta operación de seguridad contra pandillas más grande en el tiempo que abarca el informe, con un número de muertos por la acción de las fuerzas policiales es de al menos 14 hombres jóvenes, entre los que había por lo menos dos adolescentes, y según lo reportado, algunas víctimas recibieron una o dos heridas de bala en el pecho, el abdomen o la cabeza, zonas vitales de probable mortalidad. Otros habrían fallecido por las heridas causadas por “balas perdidas” disparadas durante los enfrentamientos con pandillas armadas.

Enfrentamientos en Apure

En cuanto a los enfrentamientos entre la Fuerza Nacional Bolivariana de Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo que se intensificaron en el estado de Apure a partir desde el 21 de marzo, continuaban al momento de redactar el informe. El ACNUDH señala que grupo no  estatales habrían utilizado minas terrestres. Además, destaca que el 25 de marzo, 5 personas, 4 de ellas de una misma familia, fueron presuntamente detenidas por las Fuerzas de Acciones Especiales en la localidad de La Victoria, y halladas muertas horas después. «Fuentes afirmaron que los fallecidos no estaban vinculados a los grupos armados y que la escena del crimen había sido manipulada», indica la ACNUDH.

Necesidad de reformas policiales

El aumento de denuncias atribuidas a las fuerzas policiales estatales y municipales, la Dirección de Investigaciones Criminales y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, lo que según la Alta Comisionada muestra patrones que resaltan la  necesidad de una reforma integral de las políticas e instituciones de seguridad del Estado para evitar más violaciones de los derechos a la vida y a la integridad de la persona.

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