Recientemente el grupo de países no alineados adoptó una resolución para que los Estados dejen de aplicar medidas coercitivas unilaterales, que son contrarias a los principios del derechos internacional. Esta posición del Consejo va en plena sintonía con el criterio establecido, tanto por la Asamblea General de Naciones Unidas, como por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Las medidas coercitivas unilaterales no están contempladas en la Carta de las Naciones Unidas, que nos rige a todos como miembros de la ONU. La representante de Fiji, en la mañana de hoy, expresó que las sanciones son irracionales y contrarias al espíritu de la ONU. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos de América, gobierno «supremacista» de Donald Trump, impone sanciones a Venezuela y a otros países, sin ningún tipo de moral para hacerlo. Como lo dijo el Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Idriss Jazairy, en su informe presentado en esta °42 sesión del Consejo, «La República Bolivariana de Venezuela ha venido siendo víctima de este tipo de medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos desde al menos una década, para ser más exactos, desde el años 2005».

El objetivo es muy claro, colapsar la economía venezolana, impedir que el Estado satisfaga las necesidades básicas de su población y promover un cambio de régimen por medio de una vía inconstitucional, por vía de la fuerza. Dice el relator «Las sanciones económicas unilaterales adoptada por los Estados Unidos y otros países, sumadas a una guerra económica polifacética, han jugado un papel nada desdeñable en la paralización de la economía venezolana».

Las medidas contra Venezuela incluyen la congelación de los activos propiedad de la República; en Estados Unidos, una gran empresa energética venezolana, CITGO, fue tomada por el gobierno de los Estados Unidos, una compañía cuyo valor supera los 12 mil millones de dólares. Con esa cifra pudiéramos pagar 5 años completos de alimentos y medicinas para la población venezolana. Bloquean cuentas de la República en otros países, más de 7 mil millones de dólares bloqueados, lo que equivaldría unas 30 veces los fondos requeridos por Naciones Unidas para financiar un Plan de Ayuda Humanitaria, el cual se ha generado en los últimos meses. Una ayuda humanitaria que han tratado de usar como arma contra la soberanía venezolana.

El relator Jazairy dice «Podría sostenerse que los intentos humanitarios para exacerbarlas tensiones y en última instancia provocar un cambio de régimen, se encuentran entre la definición de medidas coercitivas unilaterales». No hay excepciones para la compra de medicamentos o para los elementos humanitarios. Cuando la banca internacional por el «sobre cumplimiento» o ahora desde las sanciones de agosto de 2019, cuando lo hace directamente por temor a medidas coercitivas unilaterales secundarias, niegan el acceso al Estado venezolano, no puede el Estado comprar ni elementos de lujo, ni medicinas, alimentos, tratamientos médicos, nada que pueda ayudar al pueblo venezolanos a partir de estas sanciones.

Cada vez que se imponen medidas coercitivas unilaterales de carácter general, se genera un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos de los habitantes del Estado, sujetos a las medidas. Con especial énfasis en los grupos más pobres, en las poblaciones más vulnerables. Las medidas coercitivas unilaterales matan y generan sufrimiento. Luego se usa el impacto de estas sanciones en los foros internacionales para invocar la dichosa Responsabilidad de Proteger.

El presidente Maduro está aplicando un plan de atención a las víctimas al bloqueo, y estamos yendo a las comunidades más afectadas para atender caso por caso y poder lograr que salga adelante a pesar de la dificultad.

En paralelo, se ha trabajado de la mano de diversas agencias de Naciones Unidas presentes en el país para elaborar un Plan de Respuesta Humanitaria que permita hacer uso de la institucionalidad de Naciones Unidas para sortear obstáculos financiero y de proveedores que generan las medidas coercitivas. Hasta ahora, según nos ha informado OCHA, este plan no cuenta con los recursos; los donantes no se han hecho presentes a pesar de toda la presión que hubo sobre Venezuela, incluso con el triste episodio del 23 de febrero de este año, donde se trato de forzar ingreso de una «supuesta ayuda humanitaria», que no era ayuda ni era humanitaria, de parte de Estados Unidos, por la frontera con Colombia.

Nada de los que haga los Estados Unidos nos hará renunciar al legítimo derecho a la autodeterminación, ni entregar un centímetro de nuestra soberanía. Al pueblo venezolano le asiste la razón y el derecho. Este es el momento del multilateralismo.

El movimiento de países no alineados queremos promover una resolución de Naciones Unidas, que ojalá fuera más que una resolución un tratado, donde se prohíba la violación de la Carta de las Naciones Unidas a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales.

El año pasado Alfred De Zayas, quien fue el anterior relator para un sistema equitativo y democrático, estuvo en Venezuela y llegó a la conclusión de que las medidas coercitivas unilaterales en nuestro país constituyen delitos de lesa humanidad. El Canciller de Irán las ha definido como «medidas de terrorismo económico», coincidimos con él. Insistimos en que matan. En Cuba han calculado que el bloqueo de las medidas unilaterales que llega casi al billón en costo. Nuestros países deben ser indemnizados.

Debemos revisar si alguno de los miembros de este Consejo pueden estar apoyando estas medidas No debería haber un miembro formal del Consejo de Derechos Humanos que impongan medidas coercitivas unilaterales

Ver la declaración ante el HRC aquí