(Ginebra, 24/09/2020) Con motivo de la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés) designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre del 2019, ha publicado su primer informe después de un año de ardua labor de documentación de violación de derechos humanos en Venezuela.
Durante la presentación del informe, la presidenta de la FFM, Marta Valiña, expuso las conclusiones sobre las investigaciones que se hicieron en el último año, donde se pudieron verificar ejecuciones extrajudiciales, detenciones y privaciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos desde el año 2014. Se realizó una investigación exhaustiva a pesar de no contar con el apoyo de las autoridades del país: “La única razón por la cual no logró hacer investigación in situ es porque la negativa del gobierno venezolano. Se han mandado 6 comunicaciones desde enero y no ha habido respuesta. Se solicitaron datos oficiales e información sobre casos bajo investigación, se ofreció reunirse con autoridades dentro o fuera de Venezuela” dijo Valiña, lamentando la actitud de las autoridades venezolanas.
En las diferentes sesiones del consejo donde se trató el tema de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, se otorgó espacio para realizar el dialogo interactivo sobre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela. Miembros del Consejo de Derechos Humanos tuvieron la oportunidad de manifestar su posición al respecto: numerosas delegaciones manifestaron su agradecimiento y apoyo al informe realizado por la Misión, así como muchos países objetaron el contenido, incluyendo la delegación de Venezuela.
La Unión Europea (UE) expuso su preocupación por los resultados de las investigaciones realizadas, declarando que confirman sus suposiciones de que los tratos degradantes, torturas y violación de derechos humanos son completamente respaldadas por los altas jerarquías del gobierno de Venezuela. La manera sistemática de las violaciones constituyen, dijo el la comisión de la UE, crimen de lesa humanidad. Sus palabras fueron respaldadas por los países miembros de la Unión, quienes resaltaron numerosas veces que las violaciones generalizadas a la sociedad venezolana deben ser monitoreadas atentamente.
Alineados con estas declaraciones, la comisión de Holanda agradeció a la Misión por su labor y reconoció las dificultades en las cuales tuvieron que llevar a cabo su labor. Muchos países, de hecho, invitaron al gobierno de Venezuela a cooperar y colaborar con la Misión, a permitir su entrada al país para realizar una investigación los más exhaustiva posible. Así mismo, numerosas delegaciones como Polonia solicitaron al resto de los miembros del Consejo extender el mandato de la Misión por al menos otros dos años.
Otras delegaciones señalaron el nexo entre la crisis humanitaria y la pandemia causada por COVID-19: “Creemos que es imperativo no olvidar que la crisis humanitaria agrava la emergencia de COVID 19. Evidenciamos la lucha del pueblo venezolano de acceder a servicios básicos tales como electricidad, gasolina, agua, servicios de salud. De este modo reiteramos la necesidad de un acceso humanitario seguro”, indicó Mr. Robert Müller representado a Austria.
El Grupo de Lima, en voz de la delegación de Perú, valoraron el profesionalismo del trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos, “basada en una metodología estricta y acuciosa, más de 2891 casos examinados otorgan a la Misión la sólida base para sus afirmaciones”, dijo la delegada, quien además aseveró que los resultados del informe demuestran la falta de compromiso del gobierno venezolano con los derechos humanos y la superficialidad de su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada. Las ejecuciones arbitraras y uso sistemático de la tortura fueron elementos clave de su declaración, así como en la exposición de varios otros países del Consejo de Derechos Humanos. Este tipo de violaciones, indica Perú, constituyen crimen de lesa humanidad, como también indicó Eslovaquia.
Colombia apoyó el informe de la Misión, indicando que ésta confirma y documenta lo que la comunidad internacional ha presenciado durante años: la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos contra la población civil.
Muchas delegaciones resaltaron la necesidad de promover un ambiente donde puedan efectuarse elecciones libres, pacíficas y democráticas en Venezuela el próximo 6 de Diciembre: “con las elecciones próximas, Japón está muy atento al desenvolvimiento de la misma, para que sean libres, justas y creíbles”, expresó la delegación de Japón.
El comisionado Joel Hernández en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que el informe coincide con la visión de la CIDH, que continúa dando un seguimiento muy cercano a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Solicitaron que el informe haga mención a las medias cautelares otorgadas por la Comisión.
Muchas organizaciones de la sociedad civil hicieron sus respectivas intervenciones agradeciendo el informe de la Misión: Human Rights Watch, Amnesty International, International Service for Human Rights representada por la madre de Juan Pablo Pernalete, Elvira Pernalete, cuyo hijo fue asesinado en medio de las protestas de 2017, fueron algunas que expusieron su apoyo. La delegada de CIVICUS exhortó al Consejo a renovar el mandato de la Misión.
Contrario a las posturas previamente mencionadas, algunas delegaciones como Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, Nicaragua y Eritrea manifestaron y reiteraron su apoyo al gobierno de Venezuela y a Nicolás Maduro, indicando que el documento propiciado por la Misión carece de objetividad e imparcialidad, y que Venezuela sigue siendo un país comprometido con el pueblo y la defensa de los derechos humanos.
Francisco Cox Vial y Paul Selis, ambos miembros de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela lamentaron nuevamente la falta de cooperación del gobierno venezolano durante la investigación, algo según los expertos crucial para poder entrar a fondo en el contexto de diversas situaciones, como la fuerza desmesurada utilizada por las fuerzas del gobierno en las protestas. Cox Vial reitera el llamado al poder judicial y a la fiscalía de Venezuela, que deben “realizar inmediatamente investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes e imparciales, y transparentes de las violaciones de los derechos humanos y los delitos descritos en el siguiente informe, haciendo que los autores se hagan responsables, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, y proporcionando justicia para las víctimas”. Además, recuerda a la comunidad internacional el rol fundamental que tiene para lograr una mejoría de los derechos humanos en Venezuela. Finalmente, respondiendo a los países que cuestionan si se debe renovar el mandato de la FFM, aseguró que es necesario poder proseguir con las investigaciones sobre las violaciones y los crímenes presentados en el informe.
