(Ginebra, 23/4/ 2020) – Las medidas de cierre de la pandemia de COVID-19 plantean amenazas y desafíos especiales para un poder judicial independiente, dijo hoy el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán. Lanzó siete pautas clave para garantizar que los jueces, trabajadores de justicia, fiscales y abogados mantengan sistemas judiciales en funcionamiento.
“La crisis de COVID-19 ya está afectando severamente el derecho de las sociedades a un sistema judicial operativo e independiente. En este contexto, la falta de acceso a una justicia independiente abre las puertas al comportamiento abusivo y al riesgo de impunidad ”, dijo.
El experto señaló que a medida que la crisis de salud erosiona la estabilidad económica y social, y las recesiones se ciernen, el riesgo de más violencia y delincuencia puede aumentar. «Se necesita una racionalización inmediata de los servicios de justicia para priorizar casos esenciales y se debe posponer el enjuiciamiento de casos menores, civiles o económicos».
García-Sayán también dijo que el mayor riesgo de infección por coronavirus en las cárceles abarrotadas podría reducirse si se minimizaran las detenciones previas al juicio y se considerara en libertad a los presos políticos, delincuentes menores y aquellos que han cumplido la mayoría de sus condenas.
«Los jueces, magistrados, fiscales y su personal deben recibir atención médica especial en los programas de pruebas COVID-19, dado que tienen que participar en audiencias, interactuar con abogados y estar en contacto con varias autoridades y grupos», subrayó el experto.
“La innovación y el trabajo en línea son esenciales, especialmente por parte de tribunales y jueces que tienen que lidiar con los derechos humanos o una situación de inseguridad creciente que se prevé. Los bloqueos y el «distanciamiento físico» no deberían impedir que el sistema judicial siga las garantías del debido proceso «, dijo el Relator Especial.
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