(Ginebra, 18/03/2022) La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) presentó una nueva actualización oral durante la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos, en cumplimiento de la Resolución 45/20.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, recordó a los miembros del Consejo que en septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe en el que se detallan casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014. «Concluimos que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas en ese informe constituyen crímenes de lesa humanidad».
Agregó que el segundo informe, presentado en septiembre de 2021, se centró en la respuesta del sistema de justicia a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes documentados por la Misión. «Concluimos que los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales».
Valiñas informó a los miembros del Consejo las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para hacer frente a la situación de impunidad en Venezuela. «Aunque lo que realmente importa es la implementación de las medidas previstas, el reconocimiento de que existe una situación de impunidad que debe ser atendida, es desde ya un avance bienvenido», destacó.
Agregó, que el Gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia en el país, de acuerdo con los estándares internacionales. Este proceso supone una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia.
De igual forma, destacó sus dudas sobre el desempeño del Fiscal General Tarek William Saab presentó una actualización sobre los avances realizados por el Ministerio Público para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios de seguridad del Estado. Afirmó que, desde que asumió su cargo, 185 personas han sido condenadas por dichas violaciones. «Sin embargo, como ha señalado la Misión, la falta de datos desglosados y de información clave sobre los delitos imputados o el rango o nivel de responsabilidad de los autores, continúa siendo un obstáculo para evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir estas violaciones», indicó.
Casos de torturas
Valiñas mencionó el estado de alguno de los casos mencionados en sus informes anteriores. En diciembre de 2021, un detective y un inspector del SEBIN fueron condenados por homicidio culposo y otros cargos menores, de los que se declararon culpables, en relación con la muerte de Fernando Albán en 2018. Cada uno de estos funcionarios de bajo nivel fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. En febrero de 2022, la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujo la pena impuesta a 2 años y 8 meses. Los funcionarios quedaron en libertad.
El 4 de febrero de 2022, el Tribunal Duodécimo de Control Penal condenó a dos oficiales de inteligencia militar a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio con alevosía por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Una sentencia anterior contra los dos hombres, que había omitido los cargos de tortura, fue anulada.
Reiteramos que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes y/o sus familiares, tienen derecho a participar en los procesos judiciales, tal y como lo garantiza la legislación interna. Según los familiares de los señores Albán y Acosta Arévalo, este derecho no ha sido respetado.
Además, Valiñas reiteró su preocupación planteada en los informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. «Los casos del Sr. Albán y del Sr. Acosta Arévalo son ejemplos de ello».
«Por esta razón, estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos», aseguró Valiñas.
Reformas del sistema judicial
Valiñas señaló que son necesarios esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. «En nuestro informe de septiembre de 2021 ofrecimos una descripción detallada de estos problemas», indicó.
Sobre el paquete de reformas anunciadas en agosto 2021 por la Asamblea Nacional, señaló que la Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado.
«Como parte de este paquete, el legislador modificó 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal en septiembre de 2021, reduciendo varios plazos aplicables a los procesos penales, incluida la duración de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 230», dijo.
Agregó que la Misión ha registrado algunos avances positivos en los casos investigados por la Misión. «Sin embargo, todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada», alertó.
Condiciones de detención
A lo anterior sumó que en la segunda mitad de 2021, se han producido dos muertes en custodia de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tal, ambas relacionadas con la falta de atención médica. Una de ellas es la muerte del General Raúl Isaías Baduel, caso documentado previamente por la Misión. Su hijo Josnars Adolfo Baduel Oyoque, quien permanece detenido en El Helicoide del SEBIN y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata.
Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada, a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirlendris Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el Caso de los Drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas, dijo.
Investigación de violaciones de derechos humanos
La presidenta de la Misión informó a los miembros del Consejo que dentro del paquete de reformas, la Asamblea Nacional adoptó en diciembre de 2021 una ley por la que se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. «Esta ley, que todavía no es operativa, sólo otorga a la Comisión poderes limitados para supervisar investigaciones y formular recomendaciones». Pero alerto que los siete miembros de la Comisión son nombrados por la Asamblea Nacional, lo que pone en peligro su independencia respecto de los actores políticos.
Provisionalidad de los jueves y fiscales
Valiñas recordó la preocupación por la influencia política en la selección de jueces. «En enero de 2022, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial». Dio como ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. «Las enmiendas otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura».
También informó la preocupación de a Misión por el efecto práctico del Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, «lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución», dijo.
A su vez, Valiñas recordó el anunció del Fiscal General, a finales de octubre del año pasado, de un plan para abordar el nombramiento de fiscales provisionales. «Aunque este plan puede ser un paso en la dirección correcta si se aplica adecuadamente, la Misión observa que sólo afecta a fiscales en funciones y no adopta medidas para garantizar que el acceso a la carrera fiscal se determine mediante un concurso público. Tampoco ofrece soluciones a otros problemas estructurales dentro del Ministerio Público, como los identificados por la Misión en su informe de 2021», advirtió.
Torturas y detenciones arbitrarias
La presidenta de la Misión destacó que desde septiembre de 2021 se han realizado algunos avances en el traslado de personas fuera de los centros de detención del SEBIN y de la DGCIM, de acuerdo con un Decreto Presidencial de mayo de 2021. Sin embargo, preocupa a la Misión que algunos opositores al Gobierno o personas percibidas como tal, no hayan sido trasladadas. «Igualmente preocupantes son los informes de que la DGCIM sigue trasladando nuevos detenidos a Boleíta», dijo.
Valiñas recordó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que entre las personas que siguen detenidas en El Helicoide de SEBIN se encuentra Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en julio de 2021 y fue acusado de terrorismo e incitación al odio en diciembre pasado. «La Misión ha recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca. También es preocupante que el periodista Roland Carreño sigue detenido en El Helicoide, a pesar de las irregularidades en su caso resaltadas en nuestro informe pasado».
Sobre Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, mencionados en el informe de 2021 de la Misión, fueron detenidos arbitrariamente en 2019 y permanecen en La Boleíta de DGCIM a pesar de las reiteradas solicitudes de traslado.
Sobre Orlando Moreno, reiteró la preocupación de la Misión, una conocida figura de la oposición y activista de los derechos humanos, que ha trabajado en Foro Penal. «El juicio contra él está en curso. Es motivo de preocupación y alarma para la Misión, que este caso pueda ser un ejemplo del uso del sistema de justicia como herramienta de persecución a los opositores del Gobierno», alertó.
En cuanto al caso de Juan Carlos Guillén, abogado defensor de varias personas detenidas por razones políticas, fue detenido, y quién permaneció incomunicado durante 13 días en la DGCIM de Apure, tiempo en el que su familia no supo su paradero. «El Sr. Guillén era el abogado de Reyes Gabriel Hernández González, detenido en la DGCIM desde septiembre de 2017 y recientemente liberado. El Sr. Hernández había denunciado que fue torturado antes de que se decidiera su liberación. Posteriormente, tanto el abogado del Sr. Hernández (Sr. Guillén) como el juez que ordenó la liberación (Sr. Carlos Jaimes), fueron detenidos por la DGCIM. Ambos siguen en prisión preventiva, acusados de corrupción», dijo.
Seguimiento a la emergencia
Valiñas resaltó al Consejo que la cotidianidad de los venezolanos sigue afectada. «Han soportado una década de profundización de una crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, así como el desmantelamiento de las instituciones del Estado, todo esto exacerbado, más recientemente, por el impacto del COVID-19. La muestra más clara de ello son los más de seis millones de personas que han tenido que abandonar el país», subrayó.
A pesar de dos años de solicitudes que han sido ignoradas, la Misión sigue solicitando la colaboración con las autoridades venezolanas. Continuaremos trabajando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa para construir un cuerpo de información creíble a ser presentado a este Consejo en septiembre de este año.
Para culminar, la presidenta de la Misión instó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que sigan prestando mucha atención a los acontecimientos en Venezuela y que observen si se verifican progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos.
