(Prensa FundaRedes/ 18-03-2022) Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la Alta Comisionada para los DDHH de esta organización Michelle Bachelet, presentó una nueva actualización oral, durante el 49º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde mencionó el caso directo de violación de los derechos humanos de Javier Tarazona.
En su intervención, la Alta Comisionada dejó conocer que «sigo preocupada por el enjuiciamiento de miembros de la ONG de Derechos Humanos FundaRedes, dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales. El director de FundaRedes Javier Tarazona, continúa detenido bajo delicadas condiciones de salud», esto al referirse a los 93 incidentes documentados en cuanto a restricción del espacio cívico y democrático en Venezuela, amenazas y criminalización, de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas, incluyendo 24 casos de estigmatización de personas defensoras de Derechos Humanos, instando a las autoridades a fomentar el diálogo y cooperación, a fin de construir un entorno seguro e inclusivo para Venezuela.
Michelle Bachelet resaltó la necesidad de fortalecimiento del sistema judicial venezolano, a lo que agregó «todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad, deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas del sistema policial y de justicia», las cuales constituyen una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial en Venezuela.
Caso de Javier Tarazona tomó relevancia y apoyo en el diálogo
Durante el diálogo interactivo en la actualización del Informe Oral de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) en la ONU, se solicitó la libertad de Javier Tarazona, puesto que se sigue violando la dignidad humana de todos los presos políticos en Venezuela, sobre todo los derechos de este defensor de los DDHH, detenido de forma arbitraria desde el 02 de julio de 2021 y que, de no atenderse su caso, podría ser uno más de la lista de los 11 presos políticos que han fallecido tras las rejas.
Por ende, en el informe de la comisión de DDHH, delegaciones como Alemania, Reino Unido, Amnistía Internacional, entre otros solicitaron a través de su derecho de palabra, la liberación de Tarazona.
Además, dentro del diálogo interactivo se indicó que, Javier Tarazona denunciaba ante el Ministerio Público ser víctima de hostigamiento por parte de funcionarios del Estado venezolano en la ciudad de Coro, estado Falcón, y fue allí, ese 02 de julio del año 2021 cuando le abordó una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que sin orden de captura lo esposó y obligó a tomar un vehículo sin placas, paradero que sus familiares desconocieron por más de 30 horas.
A su vez, se detalló que Javier Tarazona, calificado como “preso de conciencia” ha sido víctima de desaparición forzada, detención arbitraria, privación ilegítima de su libertad e incluso de torturas como asfixia mecánica y golpes. Aunado a ello dentro del Helicoide, le han suministrado sustancias estupefacientes para obtener información en contra de su voluntad, insistiendo en que su estado de salud se deteriora con el paso de los días, debido a enfermedades cardiovasculares y respiratorias que requieren asistencia médica permanente.
Organizaciones de la sociedad civil han documentado que 11 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano, 3 de ellos en 2021 por denegación de atención médica, por ello se insistió en la inmediata y plena liberación de Javier Tarazona, quien no puede morir en la cárcel producto de la criminalización por la defensa de derechos humanos en Venezuela.
Es importante detallar, en medio del contexto que envuelve casos de vulneración de DDHH, que FundaRedes durante estos ocho meses de la detención arbitraria de Javier Tarazona, ha acudido en múltiples oportunidades a las instituciones gubernamentales competentes, sin obtener respuesta alguna, por el contrario su audiencia preliminar fue diferida en trece oportunidades, así como también ha emitido comunicados exponiendo esta situación, sin embargo continúa privado de su libertad.
Cabe resaltar, que el Estado Venezolano desde la detención de Javier Tarazona, ha pretendido silenciar a un humanista convencido de que la labor por la ciudadanía y la recuperación de las libertades es el camino correcto.
Finalmente, durante el Consejo de DDHH de la ONU se indicó que hoy a un profesor universitario y defensor de derechos, humanos a quien se le acusa de terrorismo e instigación al odio sólo por denunciar graves violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana, al mismo tiempo que, aún no se ha iniciado su audiencia de juicio, situación que ya constituye un patrón en los casos de presos políticos del país.