En un informe publicado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), se evalúa la incapacidad del Ministerio Público de Venezuela para abordar casos que involucran graves violaciones de derechos humanos que constituyen delitos según el derecho penal internacional.

El informe concluye que la Oficina no ha podido o no ha querido actuar en la gran mayoría de esos casos, lo que ha llevado a una situación de impunidad casi total.

El informe insta a las autoridades venezolanas, en particular a la Fiscalía General, al parlamento y al poder ejecutivo, a tomar una serie de medidas rápidas para superar esta impunidad desenfrenada, en línea con las obligaciones legales internacionales del Estado y la ley venezolana.

El informe, Sin voluntad de justicia en Venezuela: Una Fiscalía que fomenta la impunidad, identifica varios obstáculos principales para investigar y procesar violaciones graves de los derechos humanos. Entre ellos está el hecho de que la Fiscalía General carece de independencia y está sujeta a un control o influencia política indebidos, lo que socava la efectividad de las investigaciones criminales, especialmente en lo que respecta a los agentes del Estado implicados en violaciones de derechos humanos.

La falta de voluntad política para abordar la impunidad por graves violaciones de derechos humanos compromete cualquier perspectiva de cerrar la brecha de responsabilidad por tales violaciones», dijo Santiago Canton, Secretario General de la CIJ. «El papel esencial de los fiscales independientes es garantizar investigaciones y enjuiciamientos efectivos y justos, y esto es un requisito previo para poner fin a la impunidad».

El informe de la CIJ revela una persistencia de problemas estructurales en el marco legal de Venezuela y su fracaso en llevar a cabo investigaciones prontas, independientes, exhaustivas y efectivas de violaciones graves de los derechos humanos. Las autoridades domésticas responsables suelen ser incapaces o reacias a investigar y enjuiciar este tipo de crímenes, especialmente cuando implican a funcionarios de alto rango.

Es crucial para la búsqueda de justicia en Venezuela que las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía nacional prioricen la rendición de cuentas para las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos», dijo Santiago Canton.

La CIJ también enfatizó la importancia de garantizar la independencia e imparcialidad de la Fiscalía, asegurando la estabilidad laboral de los fiscales, proporcionándoles financiación y recursos adecuados, y evitando la interferencia política en el ejercicio de sus funciones procesales.

Traducción no oficial.

Fuente: CIJ