(Ginebra, 02/07/2020) El día de hoy la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, en cumplimiento con la resolución 42/4, un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la cooperación técnica entre el gobierno venezolano y su oficina, según lo establecido en los acuerdos de entendimiento . A continuación lo dicho durante la sesión.
Valoro positivamente el incremento del acceso a mi oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la carta de entendimiento en septiembre de 2019. Agradezco al gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios.
Valoro positivamente establecimiento y el intercambio con los comités de colaboración interinstitucional para dará cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad.
Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a sus bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos tales como la electricidad, el agua, escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud.
La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por pandemia del Covid 19. Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el gobierno y una aparte de la oposición para aunar esfuerzos con la OPS para hacer frente a la pandemia.
Mi oficina siguió documentando restricciones ala espacio cívico y democrático con violaciones ala libertad de expresión y el derecho a la información y la detención de lideres políticos, periodistas, sindicalistas, personales de salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.
Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de fuertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.
El gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión, y aunque reconozco la potestad del gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de las detenciones documentadas en el informe.
Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el ministerio para el servicio penitenciario, aunque presten restos en el accesos a alimentos, salud, agua y saneamiento.
Ante todo, lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las reciente decisiones del TSJ disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Este nombramiento nuevos rectores del CNE sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfiere en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición.
Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos, y mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos.
Transcripción de Labo Ciudadano
Nota: La Alta Comisionada informó que el 15 de julio presentará ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre los derechos económicos y sociales, la situación del Arco Minero, entre otros temas.
