(Caracas, 22/05/2024) El gobierno venezolano se ha caracterizado por tener un historial precario de cooperación con los mecanismos internacionales para la protección de derechos humanos. Ello se refleja no solo en el incumplimiento deliberado y sistemático de las recomendaciones emitidas por estos, sino también, por impedir reiteradamente su entrada en el territorio nacional para monitorear y evaluar la situación de los derechos humanos en Venezuela, siendo el más claro ejemplo de ello la imposibilidad que ha pesado -y pesa- sobre la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela para entrar a territorio.
No obstante, la cooperación con los mecanismos internacionales ha desempeñado un rol protagonista y estratégico. Existen expectativas sobre las posibilidades y los retos que surgen en torno al regreso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de la instalación de la Oficina local de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la ciudad de Caracas, de cara al abordaje de la crisis de derechos humanos en el país.
La suspensión de actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el territorio venezolano
El 15 de febrero de 2024, Venezuela anunció su decisión de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expulsar inmediatamente del territorio nacional a su personal que se encontraba ejerciendo su mandato devigilar “la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla”.
Específicamente, el Estado venezolano acusó a la Oficina de Alto Comisionado de actuar de manera parcializada, al presuntamente convertirse en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”. Ello, en virtud de que, supuestamente, dicha Oficina procuraba generar impunidad “para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Lo anterior fue en realidad una represalia directa dirigida hacia el Alto Comisionado, luego de que dos días antes, este manifestara pública y expresamente su preocupación frente a la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel –acusada absurdamente de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro-. Asimismo, un día más tarde, también el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación indicó públicamente que los programas sociales creados por el Estado venezolano como respuesta a la crisis alimentaria “se han vuelto susceptibles a clientelismo político” siendo una “limosna caritativa […] que socava la dignidad humana de los receptores”.
Ambos pronunciamientos emitidos ante la comunidad internacional resultaron de tal incomodidad para el Estado venezolano, que súbita y abiertamente expulsaron a los miembros de dicha Oficina como una especie de sanción y/o retaliación, demostrando una vez más su conducta autoritaria, los patrones represivos puestos en práctica por parte de las autoridades venezolanas, también reflejados en su actitud con el personal de derechos humanos de Naciones Unidas y, la falta de voluntad de mantener un cooperación auténtica con los mecanismos internacionales.
¿El retorno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela es una buena señal?
La expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado fue arduamente criticada durante el 55° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Países como Honduras, Albania, Reino Unido, Portugal, España, Argentina, Paraguay y Chile, manifestaron su preocupación e instaron al Estado venezolano a que permitiera la libre reanudación de las actividades y el trabajo de dicha Oficina sin más limitaciones o restricciones arbitrarias.
Posteriormente, en virtud de las reuniones sostenidas entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la CPI, el presidente Nicolás Maduro informó el 23 de abril de 2024 que aceptó la propuesta, realizada por el Fiscal Karim Khan, de abrir nuevamente la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vale recordar que, desde 2017, la Oficina del Alto Comisionado ha publicado informes y ha realizado actualizaciones orales ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Específicamente, la presencia de dicha Oficina en Venezuela también permite “brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas en estos informes, así como las de otros mecanismos de derechos humanos de la ONU, brindar apoyo a la sociedad civil y continuar evaluando de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno”.
De esta manera, aunque en principio el retorno de la Oficina del Alto Comisionado pueda parecer una buena noticia, es imprescindible que las actuaciones del Estado venezolano sigan siendo observadas bajo un detallado escrutinio. El retorno de la Oficina no implica necesariamente que esta pueda ejercer sus funciones sin restricciones y sin amenazas de futuras retaliaciones. Por el contrario, demuestra que el Estado venezolano pretende politizar su mandato, supeditando su presencia o su expulsión del territorio conforme a los pronunciamientos que esta realice sobre la situación de los derechos humanos en el país. Por ello, el seguimiento del desenvolvimiento de la Oficina del Alto respecto de Venezuela y la propia actitud del Estado deben seguir siendo monitoreadas por los distintos actores, de modo que se garantice el ejercicio pleno y coherente de su mandato.
¿A qué apunta la instalación de las oficinas de cooperación?
En el marco de la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la CPI, la oficina local de la Fiscalía en Caracas fue finalmente inaugurada y está próxima a ser puesta en funcionamiento. Esta oficina técnica está orientada a realizar iniciativas de carácter complementario con el objeto de lograr que las autoridades judiciales venezolanas cumplan con sus labores de investigación, sanción y reparación debidamente y en sintonía con los estándares internacionales. Entonces, la instalación de la misma no solo representa una oportunidad importante para la promoción de un sistema de justicia efectivo de cara a la lucha contra las graves violaciones a derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y su impunidad, sino también una oportunidad importantísima para la reinstitucionalización democrática en Venezuela.
Esta oficina tiene un mandato de cooperación, por lo que se enfocará en la prestación de asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades nacionales en materia de investigación criminal y evolución legislativa en el campo de justicia. De ahí la importancia del grado de apertura y colaboración de las autoridades, del que dependerá que se impulse la transformación institucional que requiere el país para lograr justicia, verdad y reparación como elementos necesarios para una paz sostenida en Venezuela.
En síntesis, esta Oficina de asistencia técnica fungiría como una medida para garantizar y promover la adecuada administración de justicia en fuero nacional. Así, se espera que exista un trabajo de cooperación entre ambas oficinas y las autoridades venezolanas, para abordar la situación de los derechos humanos en el país.
¿Y esto qué nos dice de los niveles de cooperación del Estado?
A través de esta dinámica, es claro que el gobierno venezolano proyecta sus patrones de represión indirecta y censura incluso ante oficinas de cooperación internacionales. Bajo ninguna circunstancia puede entenderse que existe una real cooperación entre el Estado venezolano respecto a las Naciones Unidas, cuando parece que está absolutamente condicionado a si los pronunciamientos que emite la Oficina del Alto Comisionado generan cierto grado de incomodidad para las autoridades del gobierno venezolano.
De igual manera, es importante observar hasta qué punto la asistencia técnica brindada por la Fiscalía de la CPI a través de un acuerdo de cooperación será verdaderamente recibida e implementada, y cómo será la relación entre ambas oficinas respecto a las autoridades venezolanas. Así, aunque es claro que existen ciertos obstáculos para que puedan ejercer su actividad de manera libre e imparcial, se espera que el trabajo que ambas puedan iniciar conjunta o separadamente permita la progresiva realización de justicia frente a los crímenes cometidos.
En virtud de ello, resulta fundamental destacar, de cara al seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos y por el Alto Comisionado a través de sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, como métrica de evaluación del grado de cooperación real del Estado venezolano, que las aproximaciones adoptadas por el Gobierno en este ámbito, insisten en inobservar las recomendaciones elaboradas, entre ellas:
- Continuar la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, permitiendo el acceso pleno y sin obstáculos a todos los centros de detención y el acceso a las salas de audiencia y a los juicios con fines de observación;
- Garantizar que las instituciones del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, cooperen plenamente con las investigaciones, entregando oportunamente toda la información solicitada y permitiendo que se lleven a cabo las investigaciones en sus locales;
- Cooperar activamente con las Naciones Unidas dentro y fuera de Venezuela, incluidos el ACNUDH y los mandatos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, como los procedimientos especiales. Proporcionarles acceso sin restricciones a los sitios de violaciones de los derechos humanos y a las víctimas, así como acceso a toda la información pertinente;
- Cooperar plenamente con la labor futura de cualquier proceso que tenga un mandato del Consejo de Derechos Humanos y permitirle el acceso pleno y sin trabas a todo el país, incluso a las víctimas y a los lugares de detención, y proporcionarle toda la información necesaria para cumplir su mandato.
En esa línea, esperamos que la suspensión de las actividades de la OACNUDH y el juego político que ha surgido en torno a ello sea un elemento fundamental que considerar por otros mecanismos de cooperación, entre ellos la Oficina de la Fiscalía de la CPI, e incluso en las próximas actualizaciones ante el Consejo de Derechos Humanos. Sin lugar a duda, es necesario que la comunidad internacional observe y condene la continua falta de cooperación del Estado venezolano para abordar de manera efectiva, real y colaborativa la situación de derechos humanos dentro del país, impulsando simultáneamente a las autoridades venezolanas a implementar seriamente las medidas promovidas para abordar la crisis y hacer efectiva la asistencia que la comunidad internacional pueda prestar.
Fuente: Justicia y Verdad
