Las organizaciones de derechos humanos: Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Acceso a la Justicia, Defiende Venezuela, el Programa Venezolanos de Educación – Acción de Derechos Humanos (PROVEA) y Civilis Derechos Humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 173 periodo de sesiones, la violencia política en Venezuela.
Las ONG informaron a la Comisión sobre el uso sistemático de la violencia en Venezuela contra la disidencia y críticos de las políticas aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro. La directora ejecutiva de CEPAZ, Beatriz Borges, aseguró que este mecanismo de ataque contra quienes piensan distinto no es algo nuevo. «Desde 2013 la CIDH ha recibido información sobre estás prácticas», y recordó que desde 2015 la organización ha enviado información periódica a los comisionados sobre las persecuciones políticas.
Borges añadió que «Estas prácticas son posible gracias a la falta de instituciones independientes en Venezuela». Además, alertó sobre el agravamiento de la persecución, siendo los ataques de los últimos meses dirigidos contra la Asamblea Nacional, a lo que se ha sumado la práctica de torturas que han llevado a la muerte de personas bajo la custodia del Estado.
«Esta situación ha estado sucediendo bajo la mirada de la comunidad internacional, incluyendo la CIDH, quiénes hoy en día aseguran estar ampliamente preocupados por la mayor crisis humanitaria que sucede en tiempos de paz«, dijo la directora de CEPAZ.
Por su parte, Laura Louza, fundadora y directora ejecutiva de Acceso a la Justicia aseguró que desde 2015 la organización ha contabilizado más de 100 sentencias contra la Asamblea Nacional, en las cuales resaltan la ausencia de la comisión del delito y derecho a la defensa. Destacando que estas sentencias han llegado ha anular el partido político de oposición más grande, la Mesa de la Unidad.
«En Venezuela no podemos hablar de un sistema de justicia, sino de un brazo represor y ejecutor»
Laura Louza, Washignton D.C., 25/09/2019
Génesis Dávila, directora ejecutiva de Defiende Venezuela, indicó a la Comisión que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es el paso previo a una detención arbitraria. «Los diputados se ven obligados a huir el país, refugiarse en embajadas o se ven impedidos de ejercer sus funciones». Además, alertó que debido a estas prácticas sistemáticas contra la disidencia la mayoría simple de la Asamblea Nacional se encuentra en riesgo. » Los ataques no han sido solamente para censurar a la Asamblea, también son para recuperar el control de la misma».
La organización PROVEA señaló que la persecución no es solamente contra opositores políticos, también ha sido dirigida contra críticos dentro de las filas del chavismo, como es el caso del ex Ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres. Así como contra activistas sociales autodenominados como chavistas. «Los medios de comunicación son usados para intimidar a quiénes se atreven a cuestionar las políticas de Nicolás Maduro».
En representación del Estado se encontraba el embajador permanente ante la Organización de Estados Américanos (OEA), Gustavo Tarré (designado por el presidente interino Juan Guaidó), reiteró el compromiso del gobierno encargado con el seguimiento y denuncia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Además, respaldo las denuncias realizadas por los representantes de la sociedad civil.
A su vez, Tarré solicitó a la Comisión intensificar sus acciones de seguimiento y defensa de los derechos en Venezuela, entre ellas la realización de la visita in loco, agilizar la solicitudes de medidas cautelares, remitir casos a la Corte Interamericana y crear un mecanismo especial de seguimiento.
Los Comisionados expresaron alarma ante las denuncias presentadas por las ONG, preguntaron por el funcionamiento diario de las Asamblea Nacional, el cumplimiento de las medidas cautelares concedidas a miembros de la Asamblea.
La secretaria adjunta para seguimiento de la Comisión, María Claudia Pulido, informó que la Comisión elaborará un nuevo informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, así como la realización de una visita virtual al país, ante la posibilidad de no poder ingresar para realizar la visita in loco.
Louza en respuesta a algunas de las inquietudes expresadas por los comisionados afirmó que la Asamblea Nacional funciona con grandes dificultades, «Los diputados actualmente no tienen un salario; se les dificulta el transporte debido a que algunas zonas se encuentran militarizadas; corren el riesgo de ser agredidos al ingresar a la Asamblea, cuya sede, además, por periodos no cuenta con agua, luz o internet «. Además, recalcó que el principal obstáculo para el debido funcionamiento de la Asamblea es el Tribunal Supremo de Justicia, «decisión o ley que dicta la Asamblea es anulada por el TSJ».
La directora de CEPAZ, Borges, afirmó que a pesar de que el fortalecimiento de los sistemas de protección es algo positivo, pero es necesario el restablecimiento total de los derechos políticos de la población. » Un evento electoral no va a solucionar la crisis».
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