(Ginebra, 29/09/2022) Entre el 19 y 21 de septiembre de 2022, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (en adelante, el CMW por sus siglas en inglés), realizó el primer examen sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del tratado sobre esta materia por parte de Venezuela.
El gobierno acudió a Ginebra con una delegación de 27 personas, entre las que se encontraban miembros de los cinco poderes, poniendo en evidencia la ausencia de separación de poderes, aunque el gobierno lo presentó como una muestra de cooperación entre poderes.
De los seis informes alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil, solo dos provienen de organizaciones independientes, uno de Cepaz y otro de una coalición formada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Radio Fe y Alegría Noticias y la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes . Los cuatro restantes fueron presentados por organizaciones que se corresponden con la categoría de GONGO[1].
Los informes de las GONGOs en poco o nada se enfocan en los compromisos internacionales de Venezuela frente a la Convención. Todo su discurso se centró en hacer un inventario de las leyes (aunque incumplidas) sobre la materia y pretender justificar las fallas de atención a los derechos de la población en Venezuela por las medidas coercitivas unilaterales. Se trata de informes sin análisis crítico, que reproducen el discurso del gobierno.
Por otro lado, CEPAZ centró su atención en la afectación diferenciada de las mujeres migrantes, incluyendo violencia basada en el género, trata y tráfico de personas. Por su parte, el informe presentado en coalición analiza con datos el incumplimiento de las obligaciones de Venezuela frente a la Convención, en áreas como medidas adoptadas para apoyar a quienes han salido del país, situación de los retornados, la ausencia de asistencia consular y dificultades para obtener apostillas y pasaportes, y la situación de trata y tráfico de personas. Además, se trata del primer informe que denuncia ante un órgano de tratado de la ONU la impunidad ante la expulsión masiva de colombianos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Llama la atención que el tema de trata y tráfico de personas estuvo presente en la mayoría de los informes, independientemente de la cercanía o no con el gobierno, lo que constituye un indicador sobre la gravedad alcanzada por estos fenómenos en Venezuela.
El CMW tuvo que insistir en varias ocasiones en preguntas sobre datos concretos, que no fueron suministrados por la abundante delegación, con lo cual volvió a manifestarse la recurrente ausencia de acceso a información pública y la opacidad en el manejo de cifras. Esta vez, en temas tales como cantidad de venezolanos con derecho a votar en el exterior, número de personas que han salido del país, cantidad de refugiados reconocidos, entre otras. Dentro de la misma delegación oficial había discrepancias en las pocas cifras presentadas.
Además, cada vez que pudo, la delegación oficial invocó el tema de las medidas coercitivas unilaterales para justificar sus fallas y victimizarse frente a las agudas preguntas de los expertos del Comité.
De nuevo, el CMW fue un espacio para debatir sobre temas de derechos humanos cuyo tratamiento resulta prácticamente imposible en Venezuela, debido a la ausencia de apertura del gobierno para desarrollar debates sobre sus políticas con las organizaciones independientes de la sociedad civil. Este tipo de foros sigue siendo un espacio valioso para la incidencia, con el objeto de ejercer presión sobre el gobierno venezolano en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Las conclusiones y recomendaciones del CMW se darán a conocer a mediados de octubre, y serán un insumo importante para evaluar la voluntad política del Estado en este campo.
