(Ginebra, 27/09/2022) Organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales expresaron ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos en medio del diálogo interactivo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, por la presentación de su tercer informe ante el organismo de Naciones Unidas, la importancia que tiene la renovación del mandato de la Misión por dos años en la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa.
La renovación es crucial para la justicia y reparación
«Para las organizaciones de derechos humanos que trabajamos en Venezuela, pero en especial para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos es muy importante la renovación del Misión Internacional de Determinación de Hechos…Es un importante mecanismo de disuasión y de contención del abuso del poder en Venezuela. Si no tuviéramos el trabajo de la Misión hoy serían muchísimo más graves las violaciones a los derechos humanos y deberíamos contabilizar muchas más víctimas«, afirmó Rafael Uzcátegui, director ejecutivo de PROVEA en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ante el estado de casi total impunidad denunciado por el informe de la Misión, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) señaló que debido a la falta de recursos internos efectivos para garantizar la rendición de cuentas, es necesaria la renovación de la Misión para garantizar la documentación de las violaciones graves de derechos humanos que ocurren en el país y promover la rendición de cuentas internacional por tales violaciones.
Las organizaciones Alerta Venezuela, Aula Abierta y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Andrés Bello (CDH UCAB), representadas por la defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, destacaron que la Misión en su tercer informe identificó seis estructuras represivas pero solo pudo profundizar sobre dos de ellas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), «por lo que falta investigar cuatro de las estructuras», enfatizó Bolívar. Además, Amnistía Internacional señaló que as condiciones que llevaron a la creación de la FFM se mantienen, argumentando que continúan las graves violaciones de derechos humanos. «La falta de independencia judicial niega el acceso a reparaciones a nivel nacional», indicaron.
«A la fecha no existen avances sustanciales frente a las graves violaciones y delitos, ni cesaron las prácticas restrictivas que suman víctimas, con especial impacto en sectores vulnerables”, indicó Marysabel Rodríguez, coordinadora del observatorio social de la organización Espacio Público. Rodríguez también le habló al Consejo sobre la incapacidad del sistema de justicia venezolano para proteger a las personas y prevenir crímenes, por lo que la permanencia de la Misión permite el establecer responsabilidades al poder señalar los diferentes eslabones de la cadena de mando que participaron en la ejecución de torturas y malos tratos, cuyas principales víctimas son las voces disidentes al gobierno: políticos de oposición, periodistas, manifestantes y personas defensoras de derechos humanos.
«Para muchas personas que hoy se encuentran injustamente detenidas la Misión es su única esperanza y garantía de que los responsable de las violaciones rindan cuentas; Proporciona una hoja de ruta de reformas estructurales y profundas para que los venezolanos tengan acceso a un sistema de justicia independiente y responsables que defiendan sus derechos«, declaró Clara Ramírez coordinadora de FundaRedes.
Crímenes y violaciones de Derechos Humanos en el AMO
En este informe, la Misión profundizó en la ejecución de violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos en el estado Bolívar, específicamente en las poblaciones y comunidades cercanas o dentro del Arco Minero del Orinoco, una zona del país que según los miembros de la Comisión se encuentra olvidada por las autoridades.
La CIJ llamó la atención sobre la amplia gama de graves violaciones y abusos de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, incluidas desapariciones forzadas, trata de personas, amenazas a defensores de derechos humanos, así como violaciones y abusos de los derechos a la salud, la tierra y a un medio ambiente sano; Situación considerada una crisis implacable y que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niñas y pueblos indígenas del AMO, según Amnistía Internacional.
Ligia Bolívar destacó que la Misión identificó a otros actores armados que afectan los derechos de la población en los territorios que dominan, «esto evidencia la necesidad de renovar el mandato de la Misión, para profundizar la investigación sobre esta estructuras y sobre el impacto de grupos armados irregulares que actúan con anuencia o complicidad de las autoridades».
Solicitud de liberación del defensor de derechos humanos Javier Tarazona
«La Misión ha documentado la criminalización y persecución en contra de ONG, sindicalistas y personas defensoras en Venezuela. Uno de ellos es mi colega Javier Tarazona, director de FundaRedes», dijo Clara Ramírez, quién recordó a los miembros del Consejo que el defensor fue detenido de manera arbitraria por el SEBIN hace más de un año, específicamente en julio de 2021. «La Misión registró la injerencia política en su caso, la negación de que lo viera un abogado de su elección, como también ha documentado su tortura. Su detención es arbitraria y sin fundamentos», indicó. A su vez, Amnistía Internacional llamó a la liberación inmediata e incondicional de Tarazona y el fin de la política de represión que incluye ataques crecientes contra defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y otras voces disidentes.
