(Nueva York, 01/6/2021) El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger destaca el deterioro de la situación política y humanitaria en Venezuela, clasificándola en su informe del Monitor R2P como una «crisis en desarrollo».
Según el Centro, la impunidad generalizada anima a los agentes estatales a continuar perpetrar posibles crímenes de lesa humanidad, con ejecuciones extrajudiciales parecen ser parte de una estrategia sistemática para combatir delincuencia, reprimir la disidencia y reforzar el control social.
A su vez, en el reporte se resalta que las «recientes concesiones» del gobierno de Maduro, incluida la anuncio de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ha renovado alguna esperanza de una posible solución negociada a la prolongada crisis política.
Además, se señala que el gobierno se niega a cooperar plenamente con la Misión de Determinación de Hechos (FFM) y otros mecanismos de derechos humanos, a lo que suma que el Centro Global considera que el Estado venezolano no cumple su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos, independientemente de afiliación política.
Respuesta internacional
El reporte recuerda que desde noviembre de 2017, la Unión Europea (UE) ha impuesto congelación de activos a 55 altos funcionarios del gobierno. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones específicas contra el gobierno, así como sanciones que han agravado la crisis humanitaria.
También menciona que el 26 de septiembre de 2018 Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú solicitaron que el Fiscal General de la CPI abre una investigación formal sobre posibles crímenes contra humanidad en Venezuela, así como que el 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH ONU), adoptó una resolución establecimiento de la FFM, mandato que fue renovado durante dos años el 6 de octubre de 2020.
Acciones necesarias
El Centro Global recomienda que las autoridades venezolanas deben poner fin a la persecución sistemática de la sociedad civil, los medios de comunicación y sus oponentes políticos. «El gobierno también debería disolver las FAES y garantizar investigaciones imparciales de todas las violaciones y abusos graves de los derechos humanos», indica en el reporte. A su vez, reitera el llamado al gobierno de otorgarle a la FFM acceso irrestricto al país y cooperar plenamente con todos los mecanismos de las Naciones Unidas.
Así mismo instó a los Estados a apoyar activamente los llamamientos a un diálogo renovado entre el gobierno y la oposición y levante todas las medidas que limitan el acceso de la población a bienes y servicios básicos. Venezuela y Colombia deben trabajar juntos para prevenir más violencia a lo largo de su frontera compartida y proteger poblaciones vulnerables.
Además, el Centro Global exhorta ante la ausencia de mecanismos nacionales de rendición de cuentas, a otros Estados considerar la posibilidad de emprender acciones legales, incluidas las jurisdicción universal, contra los responsables de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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