(Colombia, 28/05/2021) El Consejo Danés para Refugiados publicó los resultados de su monitoreo de protección de DRC, el cual es realizado con el fin de identificar vacíos de protección, incidentes de protección y violaciones de derechos humanos, así como conocer las capacidades
y estrategias de afrontamiento de la población de interés con el fin de reforzar la responsabilidad del Estado y otros actores para proteger a
la población afectada (incidencia) e informar la programación de DRC y otras organizaciones de la respuesta humanitaria.
El presente informe expone datos recolectados desde el mes de enero a marzo de 2021, a través del monitoreo realizado por las oficinas de DRC en Colombia. En total fueron entrevistadas 1,581 familias que corresponden a 6,315 personas durante el trimestre. En Barranquilla se llevaron a cabo el 31.30% de las encuestas, en Riohacha el 30.02%, en Bogotá el 22.47% y en Medellín el 16.19%. También se realizaron 28 grupos focales y 13 entrevistas con actores clave.
Los principales hallazgos encontrados son:
Las prioridades identificadas por la población monitoreada durante el primer trimestre de 2021 fueron las mismas del último trimestre de 2020: alimentación, vivienda e ingresos económicos, y salud.
En marzo de 2021, el estado colombiano emitió el Decreto 216 de 2021 – Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal (ETPV). El ETPV podría facilitar soluciones duraderas para una gran parte de la población refugiada y migrante, en situación irregular y regular. Si bien el ETPV podría soluciones a largo plazo para las poblaciones refugiadas y migrantes, ciertas
condiciones para acceder al mismo generan dudas sobre la eficacia y alcance de este. Una de las condiciones para acceder al ETPV, es portar un documento de identidad, y algunos de los perfiles que DRC ha identificado se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema y no cuentan con esos documentos. Por otro lado, no se protege el principio de unidad familiar, dado que el ETPV se otorga de manera individual y no tiene en cuenta la unidad familia. En este caso, las familias correrían el riesgo de estar separadas según quien tenga acceso a dicho permiso.
El Régimen Especial y Excepcional para Adquirir la Nacionalidad Colombiana por Nacimiento – Ley 1997 de 2019, la cual ampara a las personas nacidas en el país para obtener la nacionalidad colombiana, sólo se encuentra vigente hasta septiembre de 2021 y no hay novedades sobre su posible prórroga. La ausencia de la misma podría tener un impacto negativo en la población y aumentar los riesgos de apatridia.
Durante el período monitoreado se evidencia una disminución de personas que arriendan casas o departamentos (octubre – diciembre de 2020: 76.90%, porcentaje actual: 69.50%). También subió el porcentaje de personas que viven en asentamientos informales. Esto se
atribuye a la imposibilidad de la población de generar ingresos por las restricciones de movilidad por Covid-19. Estas variaciones aumentan el riesgo de desalojos para la población.
Durante el período monitoreado solo se identificó una familia (compuesta por cuatro personas) reconocida como refugiada (1.69%), cifra que resulta mínima frente al porcentaje de la población que aún se encuentra en espera de una respuesta a su solicitud (93.22%).
Continúan las demoras en Cancillería para el procesamiento de solicitudes de refugio y la entrega de salvoconductos. Las personas monitoreadas en este primer trimestre de 2021 tienen la intención de permanecer en territorio colombiano, tanto en el corto como en el
largo plazo.
Las personas monitoreadas en este primer trimestre de 2021 tienen la intención de permanecer en territorio colombiano, tanto en el corto como en el largo plazo.
