(Perú, 11/05/2020) En Perú hay más de siete millones de personas sin acceso a agua potable, imprescindible para la higiene y prevención. En Lima, la ciudad con mayor cantidad de casos confirmados, un millón y medio de personas, tampoco tiene saneamiento básico.
Más del 73% del mercado laboral peruano es informal. La capital peruana concentra al 80% de la población migrante venezolana en el país: uno de cada tres se ha quedado sin empleo durante la cuarentena.
Desde Acción contra el Hambre estamos distribuyendo alimentos a migrantes y refugiados a través de los albergues, superpoblados durante el confinamiento, y apoyando a las familias peruanas más vulnerables.
Con más de 67 000 casos confirmados oficialmente en el país y menos de 850 camas UCI, Perú intenta contener la pandemia al tiempo que amortigua el golpe económico generado por las medidas de aislamiento sobre siete de cada diez peruanos que se gana el pan a diario en la economía informal y no cuenta con ayudas o subsidios.
Los 54 días de aislamiento decretados (Perú aplicó el estado de emergencia el pasado 15 de marzo) han impactado duramente sobre las numerosas familias que subsisten en una economía informal, que en Lima se acerca al 70 por ciento. Esta situación hace difícil la adquisición de alimentos y bienes básicos, así como el pago de alquileres e hipotecas.
“La necesidad de trabajar y vender diariamente para subsistir ha hecho que algunas medidas de control se relajaran y la aparición de personas vendiendo por las calles. Igualmente se han detectado grupos de familias que han comenzado a regresar a sus lugares de origen caminando, a pesar de restricciones y distancias, debido al hambre”, explica desde Lima América Arias, directora de Acción contra el hambre en Perú.
La crisis de salud se ceba con los más pobres, como algunas zonas rurales y pequeños asentamientos urbanos donde ya antes de la pandemia el acceso al agua solo es posible para una de cada tres personas.
900 000 VENEZOLANOS EN EL PAÍS
“Perú, un país tradicionalmente emigrante, se ha convertido rápidamente en el segundo país receptor de migrantes y refugiados venezolanos, que se han distribuido por el país de forma irregular, concentrándose en Lima”, añade Arias.
Muchos de estos migrantes encontraron refugio en albergues comunitarios que desde la declaración del estado de emergencia se han visto saturados y con escasos recursos para atender el número de personas confinadas, la mayoría sin acceso a fuente de ingresos de ningún tipo.
Arias subraya que esta situación supone un “alto riesgo de contagio, así como de intensificación de problemas de salud mental sumados al riesgo evidente de inseguridad alimentaria y a los problemas de acceso a agua y a los cuidados sanitarios derivados de la COVID-19”.
APOYO A ALBERGUES DE MIGRANTES
Desde el primer momento de la emergencia, Acción contra el Hambre ha apoyado a estos albergues mejorando sus infraestructuras de agua y saneamiento, y sus condiciones de higiene, incluyendo la entrega de los denominados “kits de dignidad”. También estamos realizando distribuciones de alimentos en albergues de lima y para familias vulnerables peruanas.
Sin embargo, además de riesgos económicos y sanitarios, los migrantes venezolanos han visto cómo la xenofobia y el rechazo hacia ellos ha crecido exponencialmente en los últimos meses. “Existe un riesgo de que este fenómeno se incremente cuando se inicie la distribución de ayudas, y es que el hecho de que se apoye a la comunidad venezolana puede representar un elemento que reactive el rechazo hacia este grupo de la población, a pesar de ser personas que no reciben, en su mayoría, ayuda alguna del Estado y han quedado fuera del plan de subsidios durante la emergencia”, concluye Arias.