(Santiago de Chile, 10/2/2021) El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) llama al Estado chileno a incorporar perspectivas de derechos humanos y humanitarios en la respuesta a la crisis de refugiados venezolanos en la región fronteriza de Taracapá, así como detener la expulsiones ilegales.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) manifiesta la necesidad de que el Estado de Chile adopte medidas desde una perspectiva humanitaria y de protección respecto de las personas venezolanas llegadas a la zona fronteriza de la región de Tarapacá. Se trata, tal como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos internacionales, de personas cuya situación se enmarca dentro de la definición de refugiados y en consecuencia se les debe otorgar la protección que de acuerdo a la ley corresponde aplicar

El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma.

La autoridad llama a utilizar cauces regulares para ingresar a Chile, sin embargo, estos casi no existen hoy para la población venezolana. Las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%.

Las expulsiones en 24 horas que se han anunciado, no se condicen con la voluntad declarada de apoyar a la población venezolana, ni cuentan con un fundamento legal de debido proceso y sentencia judicial previa, y así lo han sostenido los tribunales de justicia nacionales en innumerables ocasiones.

Las personas cruzan el continente, entre ellas niños y niñas, mujeres embarazadas y personas mayores. Ponen en riesgo su vida, porque no cuentan con otra opción de sobrevivencia, su lugar de origen ya no es un lugar donde puedan vivir.

Ejemplos como el dado por el Presidente de Colombia, Iván Duque, que lejos de expulsar a las personas venezolanas les otorga un Estatuto de Protección Temporal, debe llevarnos a dimensionar la gravedad de esta crisis y sobre todo la manera en que ella debe ser enfrentada.

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