(Ginebra, 01/06/2023) En una comunicación a Chile, un grupo de expertos de la ONU ha condenado las reformas propuestas a la legislación de migración y asilo del país. De aprobarse, las reformas establecerían sanciones penales por ingreso y estadía irregulares, incluidas penas de prisión y multas, y aumentarían las medidas de detención administrativa para las personas en espera de deportación. El esfuerzo también refleja propuestas de políticas en muchos otros países del mundo destinadas a limitar la capacidad de los refugiados para buscar asilo y socavar las obligaciones previstas en la Convención de la ONU sobre Refugiados, asegura el Proyecto Global sobre Detenciones.
El comunicado de prensa de la ONU –emitido conjuntamente por la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y la Relatora Especial sobre Racismo– señala proyectos de ley (boletines n° 15.261- 25 yn°15.439-06 ) en estudio en el Congreso Nacional de Chile, que modificaría la Ley núm. 21.325 sobre Migración y Extranjería, adoptada en 2021. Desde la entrada en vigor de la ley actual en febrero de 2022, Chile ha experimentado aumentos en el número de personas migrantes y refugiadas que buscan ingresar al país. Sus poderes legislativo y ejecutivo han respondido proponiendo varias enmiendas destinadas a intensificar los controles migratorios.
Ley nro. 21.325 actualmente establece que la entrada irregular a Chile no es un delito (Artículo 9: “No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito” ). Sin embargo, el proyecto de ley n° 15.261-25 busca enmendar esto introduciendo sanciones penales para quien ingrese al país de manera irregular. Según el proyecto de ley, los solicitantes de asilo que ingresen irregularmente y no sean aceptados como refugiados, o que cumplan con las condiciones para ser reconocidos como refugiados pero que no ingresaron directamente desde un territorio donde su vida o libertad están amenazadas, enfrentarán una multa y /o prisión de hasta tres años.
El proyecto de ley también extendería la duración máxima de la detención administrativa, utilizada solo en los procedimientos de expulsión, de 48 horas a 7 días.
Númerosos observadores han condenado el proyecto de ley, argumentando que viola las leyes internacionales de derechos humanos y refugiados, y que expondrá a los migrantes y refugiados a abusos contra sus derechos. En su comunicación del 24 de mayo a Chile , los expertos de la ONU plantearon numerosas preocupaciones, afirmando: “El cruce fronterizo no autorizado no puede ser considerado un delito. También quisiéramos recordar que el CMW ha señalado que la criminalización de la migración irregular fomenta y promueve la percepción entre la población de que los trabajadores migratorios y sus familias en situación irregular son ‘ilegales’, lo que incita a manifestaciones públicas contra la inmigración, así como a discriminación y xenofobia”.
Al señalar sus preocupaciones con respecto al confinamiento prolongado y obligatorio, los expertos de la ONU advirtieron a Chile que las enmiendas podrían conducir a la detención arbitraria. En particular, señalan el informe del Relator Especial sobre la Tortura (A/HRC/37/50), que dice que “la detención penal o administrativa basada únicamente en el estatus migratorio excede los intereses legítimos de los Estados en proteger su territorio y regular la irregularidad”. migración, y debe ser considerado como arbitrario” (párrafo 24).
En un contexto de aumento de la migración a Chile, mayor presión sobre los recursos y falta de políticas de integración, los migrantes y refugiados, en particular los venezolanos, en el país han experimentado una creciente estigmatización en los últimos años. El norte del país ha sido testigo de numerosas protestas contra los inmigrantes , con algunos grupos violentos rompiendo y destruyendo asentamientos informales de inmigrantes. En febrero, el gobierno desplegó tropas a lo largo de su frontera norte con Bolivia y Perú para evitar la llegada de indocumentados.
Anteriormente, la policía fue criticada cuando llevó a cabo expulsiones masivas , en gran parte de venezolanos, de regiones del norte del país, como informó Global Detention Project en mayo de 2021 . Si bien la ley de migración recientemente adoptada (Ley n.° 21.325) facilitó la expulsión de ciudadanos extranjeros, también permitió a los migrantes realizar trámites de visa sin ser detenidos, lo que incitó a los defensores de los migrantes a denunciar las expulsiones forzadas.
En abril de 2021, luego de que surgieran casos de malos tratos por parte de policías en las localidades de Arica e Iquique, el Servicio Jesuita a Migrantes (Servicio Jesuita a Migrantes o SJM) interpuso recursos judiciales alegando que hubo “irregularidades” en su trato, entre ellas: cuerpo inadecuado búsquedas; falta de acceso a abogados que representen a los detenidos en las comisarías; y personas retenidas por más de 24 horas, más allá del límite legal. El SJM señaló “la nueva Ley de Migración y Extranjería… que permite a quienes llegaron irregularmente a Chile, salir y solicitar visa en el exterior sin ser sancionados”. La ONG también afirmó que no tiene sentido que mientras la ley contempla esta posibilidad, muchas personas están siendo expulsadas sin darles la oportunidad de participar en este proceso.
Traducción no oficial.
Fuente oficial: Global Detention Project
