(26/03/2021) 24 organizaciones de derechos humanos de varios países de América del Sur denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 176° periodo de audiencias públicas, los retos y violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina en el contexto de la pandemia de COVID-19. Renata Rossi, consultara de protección en el Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía de los Migrantes (CDHIC), aseguró que las políticas migratorias actuales de los países de América del Sur son restrictivas, y los migrantes y refugiados se enfrentan a un contexto de retroceso, xenofobia y discriminación, así como patrones extendidos de violaciones de sus derechos humanos.

Seguridad y militarización de fronteras

Rossi destacó que en el caso de Brasil se han emitido 30 ordenanzas administrativas que buscan un cierre selectivo de las fronteras, «A pesar de que las fronteras aéreas siguen abiertas, las terrestres están militarizadas». Agregó, que bajo estas medidas se han realizado deportaciones colectivas y las devoluciones de solicitantes de refugio y la existencia de una discriminación «adicional e infundada» contra los ciudadanos venezolanos.

A su vez, Rodrigo del Fierro de la Misión Scalabriniana del Ecuador señaló que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado un proceso de securitización y militarización que se venía presentando en la región. Informó a los Comisionados que los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador y Chile han incrementando el número de policías y militares en las zonas de frontera, lo que causa un aumento en los riesgos que enfrentan las personas migrantes, refugiados y solicitantes de refugio, las cuales recordó, son personas que necesitan de protección internacional.

Del Fierro aseguró que el incremento del uso de armas de combate para el control migratorio en fronteras demuestra la falta de un enfoque de derechos humanos para abordar la movilidad humana. «La ausencia de formación y la falta de espacios para la evaluación de casos, así como de las herramientas adecuadas para las labores de control migratorio, suponen el aumento de los riesgos y la vulneración de los derechos de las personas migrantes y refugiadas», dijo.

El defensor recordó los anuncios del pasado 26 enero, cuando se hizo público la militarización de la frontera en Tumbes (Ecuador – Perú), posterior a la expulsión de 500 personas migrantes que intentaban ingresar al país por un paso irregular; Siendo un operación conjunta entre ambos países donde se trasladó a más de 1200 soldados y 54 vehículos para impedir el tránsito migratorio en el lugar, acciones que según Del Fierro estaban dirigidas principalmente a la población venezolana. También resaltó los anuncios del primero de febrero, cuando Perú militarizó la frontera Sur y desplegó más de doscientos efectivos que se movilizaron en 20 vehículos de combate, contexto que permanece hasta el día de hoy. «Estas acciones han provocado que centenares de personas se encuentren varadas en la ciudad fronteriza de Huaquillas (Ecuador), lo que se traduce en más 500 personas durmiendo en las calles y parques de la ciudad», destacó.

Vanessa González, miembro de la Coordinadora Nacional de Migrantes de Chile, explicó que la militarización de las fronteras también tiene efectos en el discurso y el día a día de las personas migrantes y refugiadas venezolanas a través de mensajes políticos que vinculan a las personas migrantes con la inseguridad y  los señalan como responsables de la violencia en los países. «Se presenta a la migración como un riesgo y luego como una amenaza. Estos discursos han legitimado políticas cada vez más securitarias y represivas hacia las personas migrante», dijo. González agregó que a través de esa idea de que las personas migrantes son un peligro los gobiernos despliegan operativos desproporcionados que ponen en riesgo a estas personas, al mismo tiempo que exacerba la xenofobia y la culpabilización de los migrantes, principalmente dirigidos hacia las personas de nacionalidad venezolana.

Además, González destacó hechos ocurridos el pasado 16 de febrero en la frontera en Naparí, ciudad que se encuentra entre Perú y Brasil, donde se hizo uso de gases lacrimógenos para dispersar al grupo de 400 personas migrantes que se encontraban acampando, entre los que se encontraba niños, niñas, bebés y mujeres embarazadas. Denunció que la Policía Nacional del Perú hizo uso de fuerza innecesaria para evitar que estas personas ingresaran al país, y al mismo tiempo, el gobierno de Brasil autorizó el despliegue de las fuerzas armadas en la misma zona.

Gonzáles informó a la Comisión sobre la modificación del decreto 265 y se habilitó a las fuerzas armadas a participar en el control migratorio, lo que incluye apoyo logístico, tecnológico y de transporte a las policías en el control de las fronteras. «Este decreto originalmente estaba destinado a regular la actuación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y crimen organizado trasnacional, y con su modificación se eliminan las diferencias entre política migratoria y defensa y seguridad», resaltó.

Estas preocupaciones  fueron compartidas por el representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab «Nos preocupa el efecto que el cierre de frontera tiene sobre los derechos humanos, así como la creciente securitización y militarización de la gestión de las fronteras en varios países de la región»

Rechazos y expulsiones

Vanessa González destacó que en el contexto de pandemia  y cierre de las fronteras, la mayoría de los países de la región continuaron realizando expulsiones sumarias las cuales impiden el derecho a la defensa y el debido proceso, así como la realización de ejecuciones colectivas, que a pesar de ser contrarias al derecho internacional se siguen practicando con regularidad. Gonzáles mencionó varios ejemplos, como 109 deportaciones y 322 expulsiones ejecutadas en Colombia hasta mayo 2020. «Las organizaciones que trabajan este tema notaron un uso más frecuente de las expulsiones discrecionales que permiten expulsar de manera sumaria y sin garantizar el debido proceso». Además, indicó que en Brasil aumentaron los casos de deportaciones en 5708%; en 2020 se deportaron 2901 personas en comparación con 36 personas en 2019, afectando principalmente a personas de Bolivia y Venezuela, siendo un ejemplo la deportación colectiva de 196 personas bolivianas que ingresaron por Mato Grosso, bajo el fundamento de irregularidad migratoria, así como el desalojo de 70 personas venezolanas, en su mayoría mujeres, que se encontraban habitando un iglesia en Pacaraima, y quienes fueron amenazadas con ser deportadas por aglomeraciones. A su vez, en Chile durante 2020 se realizaron al rededor de 1500 expulsiones y el pasado diciembre el gobierno de Chile anunció la contrataciones de 15 aviones para realizar expulsiones  de 1500 migrantes que se consideraban  infractores de la ley, y el 10 de febrero 87 migrantes venezolanos fueron expulsados desde Iquique, de los cuales solo 11 tuvieron un proceso judicial. «Esta situación fue transmitida en varios canales de televisión», señaló.

Por otro lado, Gonzáles aseguró que las organizaciones celebraban la derogación del decreto de necesidad de urgencia 70/2017 de Argentina, la cual significaba un endurecimiento de las políticas migratorias y las expulsiones por irregularidad o antecedentes penales. «Esto es un paso fundamental para garantizar el derecho a migrar y la obligación del Estado a regularizar», resaltó.

González llamó a recordar que el cierre de fronteras no detiene la migración, solo aumenta los cruces irregulares y la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en un contexto de movilidad, que migran en muchos casos porque no tiene una vida digna en sus países de origen. «En un continente de fronteras porosas las personas siguen cruzando a través de pasos irregulares. La desprotección y las condiciones geográficas promueve situaciones de extrema gravedad con consecuencias irreparables tanto para sus vidas como sus familias». También recordó la muerte de al menos 6 migrantes entre la frontera de Colombia y Panamá el pasado 4 de enero, a raíz de un naufragio en el municipio de Acandí, Además, mencionó el fallecimiento de al menos 6 personas migrantes entre las fronteras de Bolivia y Chile, siendo la última víctima una mujer venezolana que murió el martes 23 de marzo al ingresar junto con su hermano a Chile por un paso no habilitado. «El Estado chileno no ha tomado las medidas suficientes para proteger a estas personas. Entendiendo que en estos pasos no habilitados las condiciones de salubridad y atención médica no se han garantizado debidamente», afirmó González, quién mencionó varias tragedias similares ocurridas en el Río Bermejo (Bolivia – Argentina), donde murieron 3 personas al intentar cruzar el río y la desaparición de 4 personas, incluyendo dos bebés.

González destacó que las organizaciones buscan demostrar que una perspectiva policial y militar empuja a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio a una migración irregular y con mayores riesgos. «Es necesario considerar que las zonas fronterizas deben ser seguras y se debe garantizar el derecho al asilo y respetar el principio de no devolución. Territorios que de manera mínima se garanticen el derecho a ser oídos y ha obtener una respuesta ajustada a las situaciones que atraviesan y se consideren los derechos de las personas que necesitan de protección internacional». También indicó que los Estados deben ajustar o reducir lo más posible el despliegue de las fuerzas de seguridad, y que el uso de la fuerza debe cumplir con los estándares vigentes.

A su vez, Jarad expresó su preocupación por discursos y propuestas de caracteres xenófobos, que, con base a la pandemia culpan a los migrantes o exigen la expulsión colectiva de personas migrantes, en particular de nacionalidad venezolana.

Regularización migratoria y solicitudes de refugio

La profesora y defensora de derechos humanos e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolivar, destacó que América del Sur había  sido reconocida a nivel global por sus buenas prácticas en migración y refugio. «Como la mayoría de la movilización es de naturaleza interregional, un pieza fundamental fueron los acuerdos para residencia del MERCOSUR, donde se estableció la nacionalidad como uno de los principales requisitos para residencia, pero este paradigma ha sufrido grandes retrocesos«, señaló Bolívar, quién explicó a los miembros de la Comisión que la implementación de medidas restrictivas con una visión de seguridad ha venido erosionando las perspectivas de derechos de las política migratorias de la región, siendo un ejemplo d este «giro político» las medidas para controlar el flujo masivo y mixto de personas migrantes de nacionalidad venezolana, donde en el período 2015 – 2020 se estima que más de 5 millones de personas venezolanas han salido de Venezuela, y cuyos principales destinos han sido Colombia, Brasil, Chile, Perú y Ecuador.

Bolívar recordó que al inicio del flujo migratorio de personas venezolanas, los países de la región mantuvieron sus fronteras abiertas y no exigían pasaporte para ingresar a sus territorios, incluso, en Argentina y Brasil se extendió el criterio de residencia del MERCOSUR a las personas venezolanas para que estas pudieras optar por una residencia regular, pero a partir de 2018 alguno países fueron adoptando «políticas fragmentarias y cambiantes» y fuera de lo establecido como políticas ordinarias de regularización, como Colombia, Ecuador, Chile y Perú, los cuales eran de acotadas en el tiempo y de corta duración, «lo que redundó en mayor discrecionalidad y escaza discrecionalidad», alertó Bolivar. Además, indicó que a las medidas anteriormente mencionadas, se sumó el obstáculo de ingreso a través de solicitud de visas, que en un contexto de cierre de fronteras y medidas de aislamiento preventivo como respuesta a la pandemia, se ha agravado las posibilidades de ingresos a los territorios, así como complejizando e incluso suspendiéndose los procesos de regularización migratoria. «Mile de personas solicitantes de regularización y refugio (en particular nacionales venezolanos) se encuentra el día de hoy en situación irregular, ya sea dentro de los territorios o cerca de las fronteras».

La defensora de derechos humanos informó a la Comisión sobre la preocupación por el aumento del número de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana que solo portan con partida de nacimiento para comprobar su identidad, el cual no es recibido por las autoridades migratorias para iniciar el proceso de regularización. «Esto genera un exclusión de los servicios de salud y programas sociales para paliar la pandemia de COVID-19», alertó. Bolívar destacó que es de preocupación que los Estados no han tomado en consideración las guías y recomendaciones de la CIDH, sobre la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas frente a las respuestas de la pandemia y las recomendaciones sobre las perspectivas de garantía de protección integral de los derechos humanos, y de la salud pública en el marco de la pandemia.  «Si bien las restricciones a los procesos de regularización migratoria son medidas que han aplicado varios países de la región, algunos han optado por reformar sus políticas migratorias sin una perspectiva de derechos humanos», resaltó Bolívar.

Lucía Ramírez, miembro de la organización colombiana de derechos humanos DeJusticia, explicó a los miembros de la Comisión sobre las reformas realizadas a las políticas migratorios de Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Relató sobre la aprobación de la nueva Ley de Migración y Extranjería de Chile, la cual en palabras de Ramírez, refuerza la selectividad como criterio migratorio y da prevalencia al interés nacional y la seguridad del Estado, siendo las principales preocupaciones por esta nueva ley: permanencia del sistema de visados consultares como único mecanismo migratorio; el reforzamiento del cierre de fronteras; La imposibilidad de cambiar de estatus migratorio dentro del Estado chileno, promoviendo una nueva forma de irregularidad; No incorpora las medidas de regularización migratoria del acuerdo del MERCOSUR y desconoce los avances de otros tratados como La Alianza del Pacífico. Además, Ramírez señala que la nueva ley establece que los procedimientos administrativos serán base suficientes para realizar expulsiones sin garantizar el debido proceso, ni la participación del poder judicial.

Sobre Ecuador, Ramírez explicó que  el 3 de diciembre de 2020 se aprobó la reforma de la ley de Migración y Movilidad Humana. «Esta reforma es un gran retroceso en la política migratoria de un país que fue ejemplo en el área al promover la ciudadanía universal», dijo Ramírez. Entre los principales retrocesos están:  Se elimina la oportunidad para las personas que se encuentran en el país o fuera de el acceder a la naturalización: Incluye como requisito para los procesos de regularización migratoria que la personas no sea considerada una amenaza o un peligro para la seguridad pública, decisión que está sujeta a la decisión del funcionario migratorio al no existir una definición, ni parámetros predeterminados de lo que eso significa; Promueve la irregularidad migratoria y la criminalización de las personas migrantes mediante la aplicación de multas desproporcionadas por faltas migratorias; Derogan las normas relativas a los visados de residencia UNASUR, tanto temporales como permanentes, perjudicando la regularización migratoria, principalmente de población venezolana.

En Colombia, el primero de marzo de 2021 se expidió el decreto 2/16, el cual crea el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el cual permite a las personas venezolanas migrantes  venezolanas que se encontraban en el territorio de manera regular e irregular antes del 31 de enero de 2021, y a quienes ingresen de manera regular los próximos dos años, se inscriban en un registro único y si cumplen con los requisitos se les otorgará un permiso de permanencia temporal que les habilita para permanecer regularmente en el país por 10 años, trabajar y eventualmente aplicar a una visa de residente. Pero Ramírez aseguró que hay algunos aspectos de este decreto que son de preocupación: Proporcionar datos biométricos para ingresar al registro; Respeto por la presunción de inocencia  y la garantía del derecho al debido proceso; La garantía del derecho a solicitar la condición de refugiado. Según Ramírez, las finalidades del gobierno colombiano para solicitar los datos biométricos como la identificación de la población migrantes y su ingreso a los sistemas de protección social, no justifica la obligatoriedad de este requisito y no hay pruebas de que con los datos biográficos y demográficos no se pueda cumplir con estas finalidades. «El uso de la tecnología para el tratamiento de datos biométricos no es eficaz, ni eficiente, ni segura. Supone una serie de riesgos graves. para la seguridad y privacidad de las personas, y es un tratamiento diferenciado de otros grupos poblacionales que no parecen tener una clara justificación«, advirtió. Además, Ramírez indicó que el decreto viola la presunción de inocencia, al no permitir con investigaciones judiciales y administrativas en curso puedan recibir el permiso por protección temporal.

Sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a los servicios de salud y los programas sociales  para paliar los efectos de la pandemia, Ramírez afirmó que las personas migrantes y refugiadas enfrentan grandes dificultades para acceder a estos programas, a pesar de estar «sobrerepresentados» en las poblaciones objetivos de estos programas, lo que se vio en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

Ramírez llamó a los gobiernos de la región a detener las medidas regresivas en materia migratoria, y también llamó a los Estados que se han caracterizado por sus buenas prácticas en esta área promover y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en su territorio, basados en los principio de pro persona, igualdad y no discriminación.

Por su parte Jarab afirmó que las autoridades de los Estados siempre aseguran querer una migración regular y reducir la irregular, pero las posibilidades de ingresar de forma regular se han ido reduciendo. «Este tipo de políticas son contrarias para promover una migración segura y conlleva varios tipos de riesgo», como el uso indebido o excesivo de la fuerza, riesgo a la falta de atención a las necesidades de protección y a las situaciones de vulnerabilidad, riesgo de violación del principio de no devolución, expulsiones colectivas y la obligación de examinar cada caso individualmente, situaciones que según Jarab son particularmente graves en casos de personas venezolanas.

Jarab destacó que es cada vez más común que las personas venezolanas hagan uso de pasos informales para ingresar a los países, aumentando el riesgo para su seguridad al enfrentar condiciones climáticas adversas, ser víctimas de explotación y trata. «Las políticas migratorias deben ser sensibles con las personas migrantes y refugiadas para que no estén desamparadas. Las políticas migratorias en tiempos de pandemia deben evitar tendencias que puedan empeorar aún más la ya muy frágil situación de las comunidades migrantes y en consecuencia desatender las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos», señaló.

Inclusión de los migrantes en la respuesta al COVID-19

En cuanto a acceso a la vacunación contra el COVID-19,  Ramírez manifestó su preocupación la falta de inclusión de las personas migrantes (sin distinción de su situación migratoria) en los planes de vacunación por parte  de los gobiernos de la región (con excepción de Perú). «Excluir a la personas del acceso a la vacuna en función de su estatus migratorio es una medida que no solo vulnera su derecho a la salud, también pone en riesgo a las comunidades de acogida», resaltó Ramírez.

Por otro lado, Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones de los Derechos Humanos (ACNUDH), aseguró que sus oficinas han documentado casos donde las personas migrantes y refugiadas tras haber perdido sus empleos a causa de la pandemia, no tuvieron acceso a los programas de asistencia social. «Muchas veces no tuvieron otra opción que regresar a sus países de origen, pero varios de esos países se negaron a recibirlos de vuelta o los instalaron en centros de cuarentena en condiciones precarias», destacó.

Jarab afirmó que preocupa a la ACNUDH la situación de las personas migrantes que se encuentra en un situación de irregularidad migratoria, al evitar contactar a los servicios de salud para evitar ser expulsadas. «Sin importar su estatus las personas migrantes y refugiadas deben ser incluidas en los procesos de vacunación, su acceso a la vacuna debe ser asegurado, tanto en la perspectiva de derechos humanos, como desde la perspectiva de la salud pública. Deben tener acceso a información y a la vacunación sin importar su estatus migratorio y sin temor a ser deportados«, resaltó. Además, advirtió que políticas de control de fronteras que empujan a las personas migrantes a entrar de manera irregular, estas quedaran excluidas del control sanitario.

Peticiones a la Comisión

Gabriela Liguori, miembro de la organización CAREF Argentina presentó las peticiones de los solicitantes a los miembros de la Comisión

1, Realizar un visita in loco a las fronteras de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina y Chile

2, Elaborar un informe temático sobre la militarización de las fronteras y sus consecuencias en la vulneración de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana en la región, donde se aclaren las obligaciones de los Estados respecto a la actuación de las fuerzas armadas en temas de seguridad y control migratorio.

3. Actualizar los principios y estándares del sistema interamericano sobre los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, que incluya recomendaciones específicas en:

• Condiciones que deben asegurar los Estados para garantizar el acceso a los mecanismos y procesos judiciales de protección en materia de ingreso al territorio.
• Estándares para la revisión de rechazos en frontera
• Mecanismos efectivos para la implementación de enfoques diferenciales para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
• Criterios y directrices que garanticen la inclusión y el acceso no discriminatorio a la protección social y a la salud.
• Promover la realización de un documento en colaboración con Estados de la región y organizaciones de la sociedad civil sobre principios mínimos para procesos de regularización migratoria con perspectiva de derechos.

4. Instar a los Estados que de manera urgente atiendan la situación de las personas que han migrado en el contexto de la pandemia, incluyendo promover el diálogo con los Estados para que se definan excepciones frente a los cierres fronterizos, condiciones humanitarias, solicitudes de protección internacional, reunificación familiar, entre otros; Garantizar el derecho a  la protección internacional habilitando mecanismos para recibir solicitudes de condición de refugiados en las fronteras;  Regularizar a las personas que han migrado durante el cierre de fronteras y se encuentran en situación irregular, implementando planes de regularización migratoria, con especial énfasis en la regularización de niños, niñas y adolescentes y sus familias en contexto de movilidad humana; Abstenerse de realizar expulsiones colectivas sumarias y garantizar el derecho al debido proceso y a la defensa en los procedimientos sancionatorios migratorios; Garantizar los derechos fundamentales de la población migrantes independientemente de su condición migratoria; Garantizar el acceso sin discriminación a los servicios de salud y los ejercicios emergenciales de los gobiernos; Incluir a esta población en los planes de vacunación contra la COVID-19, sin discriminación e independiente de su estatus migratorio.

Reacciones de la CIDH 

Ante lo expuesto por las organizaciones los miembros de la Comisión expresaron preocupación por la regresión de las políticas migratorias. «Es básico recordar que los derechos humanos no dependen de una nacionalidad, estatus migratorio o un pasaporte», señaló la Relatora para los derechos de las personas migrantes y refugiadas Julisa Mantilla, quién afirmó que la pandemia de COVID-19 ha generado un nuevo tipo de movilidad en la región, las personas que se encuentran varadas entre fronteras. También reiteró que es necesaria una política coordinada para la respuesta a la movilidad humana, pero respetuosa de los derechos humanos. «La militarización no respeta los derechos humanos de los migrantes», advirtió.

Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena expresó gran preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, calificándola de atroz y de alta gravedad para los niños y niñas que migran a través de trochas. Preocupación que fue acompañada por el Comisionado Stuardo Ralón, quién lo definió como un «drama humano». Ambos solicitaron más información sobre la niñez en situación de movilidad humana.

La Comisionada Flavia Piovesan, quién es relatora para los derechos humanos de las personas LGBTI, aseguró que los altos niveles de xenofobia y discriminación tiene un efecto desproporcionado sobre las personas migrantes que forman parte de esta comunidad, y solicitó mayor información al respecto.

«Preocupa que aún no hemos visto los verdaderos efectos de la pandemia sobre la movilidad humana en la región», afirmó el Comisionado Joel Hernández, y expresó que considera necesario que en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)  se aborde el problema de la perspectiva de militarización de la migración. Esta postura fue apoyada por la Relatora para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad Muñóz, señalando que la crisis sanitaria en frontera afecta en particular a la población migrante y refugiada. 

Ver Situación de DDHH de personas migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia