(Ginebra/Venezuela, 10/3/2020) Desde hace muchos años los organismos internacionales de derechos humanos han mostrado su preocupación por la situación de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, incluyendo las relatorías y comités tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.

Sin embargo, hasta ahora la situación de las personas defensoras en Venezuela había estado insuficientemente documentada y no se había realizado ningún análisis integral que permitiera identificar las principales causas de vulnerabilidad para las personas defensoras. Todo ello, a pesar del escalamiento de la gravedad de la situación para las personas defensoras y de las objetivas implicaciones que esto tiene en el cierre del espacio cívico en Venezuela. El informe busca ofrecer elementos de análisis así como emitir recomendaciones concretas que permitan avanzar hacia el establecimiento de garantías para el derecho a defender derechos humanos en el país. Este informe conjunto entre dos organizaciones internacionales y tres organizaciones venezolanas busca tapar este vacío.

Nuestras organizaciones han podido documentar un total de 121 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela durante los años 2018 y 2019 incluyendo 60 actos de difamación, 44 actos de hostigamiento e intimidación, así como 8 casos de detención arbitraria. En cuanto a los responsables de los ataques, el Estado aparece como el perpetrador de la mayor parte de los ataques, ya sea mediante sus herramientas de comunicación como el portal Misión Verdad, que registra 31% de los ataques documentados, o el programa de televisión Con el Mazo Dando, que registra 29% de los ataques totales, o por medio de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que abarcan 14% de los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos.

Si bien las cifras reales superarán con creces este número, esta sistematización de ataques da cuenta de varios de los patrones de represión que se utilizan contra quienes defienden derechos humanos en el país.

La defensa de derechos humanos en un contexto de crisis política, humanitaria y de derechos humanos

El contexto de crisis generalizada en el país ha aumentado las expresiones sociales de exigencia de derechos como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que se ha traducido en acciones de reivindicación de derechos frente a situaciones como la carestía de productos y servicios esenciales. Además, la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, como en el caso de los 10 971 casos de ejecuciones extrajudiciales que COFAVIC ha podido documentar entre 2012 y 2019, ha implicado asimismo la movilización de familiares de víctimas. Este contexto ha llevado al surgimiento de personas defensoras “sobrevenidas” que han tomado un liderazgo en la defensa de derechos humanos debido al contexto del país.

Uno de los factores que evidencian el aumento de acciones de exigencia de derechos es el fuerte incremento en el número de protestas registradas en el país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ha documentado la existencia de más de 76 000 protestas entre los años 2011 y 2019, una cifra significativa en la que se destacan los años 2014, 2017, 2018 y 2019 como períodos récord en volumen de protestas civiles. La represión de la protesta como política sistemática ha generado un saldo de miles de detenciones arbitrarias, más de 4000 personas heridas y numerosos casos de muertes en el contexto de protestas: 42 muertes en 2014, 163 muertes en 2017, 14 muertes en 2018 y 67 en 2019 según datos del OVCS.

Más allá de la política de criminalización de la protesta social, la respuesta estatal a la exigencia de derechos por parte de la población civil ha generado un andamiaje jurídico y fáctico, mediante el cual se crea un ambiente hostil y adverso al trabajo de defensa de los derechos humanos en el que se identifica a toda persona que exija derechos como enemigo del Estado.

El hostigamiento contra Ana Rosario Contreras por su defensa de derechos humanos como presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital o la ejecución extrajudicial por parte de la policía del sobrino de la defensora Ruth Pérez, son claros ejemplos de los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos. Incluso, la realización de labores humanitarias puede llevar a actos de hostigamiento e intimidación como en el caso de la ONG Prepara Familia.

Causas de la vulnerabilidad de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos

a) Un marco jurídico restrictivo para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La primera causa de vulnerabilidad para las personas defensoras en Venezuela tiene que ver con la existencia de un marco jurídico restrictivo para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. En los últimos años, el Estado venezolano, con la participación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ha constituido un entorno hostil para la defensa de derechos humanos mediante la restricción de derechos como la libertad de asociación o la tutela judicial efectiva.

La libertad de asociación, especialmente en el caso de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, está en riesgo.

Por una parte, la legislación ha ido restringiendo arbitrariamente la autonomía de las ONG. Por ejemplo, en el año 2012 se promulgó la Ley de la Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional, la cual sentó las bases de un sistema legal que permite sancionar a las organizaciones que reciban aportes financieros o ayudas económicas de parte de personas u organismos extranjeros, así como persigue y sanciona con la expulsión del territorio venezolano a todas las personas extranjeras que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o altas funcionarias” en el marco de actividades efectuadas por organizaciones locales.

A pesar de que el derecho de las ONG a la financiación es una parte integral del derecho a la libertad de asociación, según recogen los estándares internacionales de derechos humanos, las autoridades venezolanas han tratado reiteradamente de establecer limitaciones con el objetivo de asfixiar económicamente a las ONG. La última amenaza en este sentido se produjo el 19 de febrero de 2020, mediante unas declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Sr. Diosdado Cabello.

Además, en la práctica, las personas defensoras se han encontrado con limitaciones operacionales que afectan severamente su funcionamiento, especialmente al momento de registrar o actualizar actas y minutas de sus reuniones o efectuar nombramientos de nuevos miembros o autoridades dentro de sus documentos constitutivos. La negativa de funcionarios públicos en registros y notarías de validar legalmente estos documentos genera estragos en la administración de las organizaciones de defensa de derechos humanos, que se exponen así a una ilegalización de facto que les impide operar administrativamente en el país, así como posibles fiscalizaciones donde se les acuse de falsear información o no cumplir con las formalidades de registro, actualización y legalización de documentación.

El derecho a la tutela judicial efectiva para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela también se ha visto restringido. La reforma del Código Orgánico Procesal Penal llevada a cabo en 2012 limita las posibilidades de brindar asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos, excluyendo la posibilidad de que organizaciones las representen en procesos penales. Así, los esfuerzos de las personas y organizaciones que acompañan a las víctimas en sus procesos de judicialización se ven severamente restringidos, exponiendo principalmente a las víctimas de escasos recursos en algunos casos a un completo abandono durante el proceso judicial y, en otros, forzándolos a contar únicamente con una representación pública que, alineada con las políticas del Estado, ofrecen nulo o contraproducente acompañamiento.

Otro factor de preocupación es el hecho de que la mayoría de los jueces en la actualidad se encuentran en situación de provisionalidad o son designados de forma temporal o accidental para conocer sobre una causa específica, lo que supone un evidente riesgo para el acceso a la justicia.

b) La Doctrina de Seguridad Nacional: Las personas defensoras no son enemigas

El punto de partida para la criminalización sistemática del derecho a defender derechos ha sido la Doctrina de Seguridad Nacional que ha adoptado el Estado venezolano de forma progresiva. En el marco de esta Doctrina, el Estado venezolano ha optado por militarizar la seguridad interna, justificando sus acciones con el supuesto fin de garantizar la seguridad y estabilidad de los poderes públicos internos. En Venezuela, organizaciones no gubernamentales, líderes sociales, líderes indígenas, actores humanitarios, periodistas, investigadores y, en general, personas defensoras que denuncian las condiciones de precariedad y emergencia humanitaria en el territorio, han sido calificados como una amenaza y a las personas que exigen, defienden y promueven derechos humanos como enemigas que deben ser neutralizadas.

Con la participación de distintos actores de la estructura gubernamental que son analizados en este informe y que van desde altos niveles del poder público, hasta los organismos de seguridad e inteligencia, así como grupos de civiles armados afectos al Ejecutivo Nacional, se ha desarrollado un complejo sistema que, por medio de operaciones de vigilancia, hostigamiento, demonización y represalias, instrumentalizan la Doctrina de Seguridad Nacional como forma de intimidación y disuasión del trabajo de defensa de derechos humanos. La intimidación y las amenazas contra Manuel Mir, líder comunitario de la parroquia 23 de Enero, por parte de grupos civiles armados, son un buen ejemplo.

c) La estigmatización como política de Estado

La estigmatización de las personas defensoras se ha convertido en un mecanismo esencial en Venezuela para reducir el impacto de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos. La estigmatización se recrudece en los medios de 1 0 VENEZUELA / “ E N E M I G O S I N T E R N O S ” comunicación públicos de alcance nacional y redes sociales de alta penetración en Venezuela. Con frecuencia, el hostigamiento a las personas defensoras inicia con acusaciones realizadas por funcionarios del Estado, generalmente de altos niveles del poder, donde se les acusa y desprestigia de forma sistemática. Estas campañas de estigmatización y descrédito se alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos y quienes lo ejercen, práctica que se ha convertido en una política de Estado. Con estas agresiones, se busca consolidar la narrativa del “enemigo interno” y se traslada la responsabilidad de los abusos a derechos humanos y las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja al trabajo de denuncia y visibilización que realizan las personas defensoras.

En el marco de la estigmatización como herramienta sistemática para limitar el trabajo de defensa de derechos humanos, en Venezuela se ha identificado un patrón de hostigamiento especialmente en los casos de personas defensoras que cooperan con organismos internacionales de protección y realizan labores de incidencia y denuncia a escala internacional. El ingreso o retorno al territorio nacional se ha convertido en una situación de alto riesgo para las personas defensoras en Venezuela que se ven expuestas a hostigamiento e intimidación. En algunos casos, incluso, se ha hecho uso de medios de comunicación públicos para difundir los itinerarios de vuelo de las personas objeto de ataque, lo que genera un evidente riesgo para su integridad física. Dentro del patrón de ataques sistemático contra Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se pueden apreciar numerosos ejemplos de ataques vinculados con su trabajo internacional.

d) La impunidad como fenómeno generalizado La impunidad para las violaciones de derechos humanos en Venezuela es sistemática

Incluso, aquellos casos en que se inician procesos, están lleno de fallas. Las cifras oficiales lo confirman: el informe del año 2015 del Ministerio Público venezolano, el último presentado, contabilizó 959 acusaciones a funcionarios policiales implicados en violaciones a derechos humanos, de las cuales solo 77 llegaron a ser conocidas por un tribunal.

Sin embargo, estos niveles de impunidad para las violaciones de derechos humanos, incluyendo los ataques contra personas defensoras, contrastan de forma alarmante con las prácticas de persecución de personas defensoras, quienes sí son investigadas y judicializadas de forma expedita según los patrones de persecución, criminalización y hostigamientos explicados anteriormente. La detención arbitraria y el hostigamiento judicial contra Gregory Hinds y Geraldine Chacón, o el caso del influyente comunicador social Luis Carlos Díaz, ejemplifican a la perfección estos patrones.

e) Impactos psicosociales en personas defensoras

Todos estos mecanismos de control y prácticas de hostigamiento y estigmatización, que se han perfeccionado y sistematizado en los últimos años, tienen un alto costo desde la perspectiva psicosocial. El tratamiento a las personas defensoras como 1 1 VENEZUELA / “ENEMIGOS INTERNOS” / RESUMEN EJECUTIVO criminales y enemigos del Estado no solo genera un ambiente hostil y adverso para sus actividades, sino que facilita y promueve una estructura de violencia que puede afectar su vida e integridad en distintos entornos, incluso no asociados directamente con su labor.

En la esfera personal, las personas defensoras en Venezuela desarrollan su labor en el marco de una Emergencia Humanitaria Compleja y no escapan de las condiciones de precariedad que se mantienen en el territorio venezolano y que dificultan su labor, sino que además enfrentan un sistemático clima de indefensión, puesto que no existen mecanismos efectivos y oportunos en el país que garanticen su integridad personal

Informe completo aquí