(Los Ángeles, 06/03/2023) Durante el 186 periodo de sesiones de la CIDH se llevó a cabo la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de personas privadas de libertad en Venezuela, donde organizaciones de derechos humanos venezolanas expusieron el incumplimiento de las medidas solicitadas por la Comisión al Estado venezolano, así como las condiciones y situaciones que atentan contrala vida, salud y dignidad a las personas beneficiaras.

Condiciones de detención y torturas

Las organizaciones: Instituto Casla, Defiende Venezuela, Foro Penal, Fundaredes, Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia e Irene Caguaripano (esposa del capitán Caguaripano), denunciaron frente a los miembros de la Comisión los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos a la que los beneficiarios han sido sometidos de manera impune. «En Venezuela existe un sistema de justicia que es tolerante con las violaciones de los derechos humanos, especialmente de las personas privadas de libertad», señaló Carlos Briceño, miembro de Defiende Venezuela.

Irene Caguaripano expuso ante la CIDH las actos contra la integridad física y psicológica de su esposo detallando que  luego  de permanecer 4 años y un mes en la “Tumba” (30 metros bajo tierra), sometido a torturas psicológicas y aislamientos prolongados, el jueves 30 de septiembre del 2021 es trasladado sin notificar a su defensa o a familiares, a la sede del SEBIN en el Helicoide.

Irena indicó que a pesar de ser beneficiario de una medida cautelar desde el 8 de junio de 2018, esta no ha sido acatada. Lo mantuvieron en “las celdas de terror” en el sótano 4 , sin visitas de abogados; las visitas de familiares se extendían por largos periodos de tiempo; el acceso a la luz solar era casi nula. «Es importante resaltar, que los dos primeros años lo mantuvieron a temperaturas extremadamente bajas con el fin de torturarlo», destacó Irene.

Guacaripano explicó a los Comisionados que la celda donde su esposo cohabita con otros 4 privados de libertad mide aproximadamente 4 x 2,5 metros, sin ventanas. Además, tiene restringidas las actividades de estudio, laborales y recreativas a la que los otros privados de libertad tienen acceso, de igual manera, le prohíben el contacto con otros detenidos. «A él lo mantienen en una cárcel dentro de otra cárcel».

La directora del Instituto Casla, Tamara Suju informó a la Comisión que Las condiciones que llevaron a las  medidas cautelare de sus cuatros representados siguen siendo las mismas. «Las torturas físicas, psicológicas y blancas individuales continúan y ningún funcionario ejecutor o inductor identificado por las víctimas ha sido investigado ni enjuiciado».

Sobre las condiciones de detención explicó que las celdas ubicadas en el sótano 3 no cumplen con los estándares mínimos internacionales de reclusión, no tienen ventilación ni aire natural, los detenidos respiran aire contaminado por monóxido de carbono de los vehículos y motocicletas que transitan en los estacionamientos, provocando enfermedades respiratorias graves y otras secuelas; «Las víctimas han pasado semanas, incluso meses sin salir a la superficie», alertó. Además, detalló a la CIDH que las torturas como la falta de medios de vida, aislamientos prolongados, privación de culto, privación sensorial, torturas sonoras, la privación de la visita familiar y de llamadas telefónicas son los tratos diarios a los que los presos políticos en Venezuela son sometidos. «Remodelaciones han sido realizadas con las víctimas encerradas 24 horas del día sin importar la toxicidad de los materiales», dijo.

«Desde el otorgamiento de la medida cautelar al menos 5 presos políticos han atentado contra su vida, varios sufren depresión severa y de ataques de pánico», advirtió. Además, explicó que la enfermería del centro de detención no cuenta con medicamentos y son los familiares quienes deben proporcionarlos, algo que ocurrió incluso durante la pandemia. Agregó que  todos los beneficiarios han presentado secuelas por las  torturas, incluyendo los que han trasladado a otras cárceles que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de atención.

Uno de los beneficiarios, el coronel Oswaldo García Palomo tiene cuatro años en el sótano 3 del DGCIM con dolores de columna y de las extremidades, por las torturas sufridas y los espacios de reclusión por periodos prolongados de aislamiento, incomunicación y castigo que influye en la inmovilidad encerrado en una celda 2×2 metros, detalló Suju.

A su vez, Luis Alexander Bandres Figueroa este detenido en la cárcel militar de ramo verde, y ha sido castigado en varias ocasiones en la celda de tortura conocida como “el trigrito”. Además, informó a los comisionados que Bandres no tiene acceso a ningún medio de distracción, le niegan la posibilidad de tener una nevera para sus alimentos, ya que la comida del penal es insuficiente.

«La tortura en Venezuela está institucionalizada. Los fiscales y jueces han escuchado los testimonios de tortura e incluso han recibido a personas ensangrentadas y nada ocurre, los autores materiales e intelectuales siguen libres«, resaltó Suju, quién agregó que para obtener una respuesta de las autoridades la única herramienta es la presión mediática.

Sobre el uso de la tortura Suju explicó que en Venezuela han desarrollado la tortura psicológica y emocional, fomentando que los presos políticos atenten contra su vida.

Por su parte, Julio Enríquez del Foro Penal destacó que Emirlendys Benítez, quién se encontraba embarazada al momento de su detención en agosto de 2018, y producto de as torturas a las que fue sometida tuvo un aborto.

El miembro de Foro Penal relató los hechos de la detención de Leonardo David Chirinos Parra, quién estuvo desaparecido forzosamente desde su arresto en el 21 de abril de 2020 hasta enero del 2021 (10 meses después de su detención) cuando su familia fue informada. «Anteriormente los oficiales del DGCIM hicieron una video llamada a su madre mientras era torturado, con el objetivo de que esta les diera  información sobre el  hermano de Chirinos, quién también era requerido», indicó. «En todos los casos de tortura que hemos atendido, estas fueron debidamente denunciadas ante las instancias correspondientes. En ninguno de los casos se realizó una investigación al respecto», señaló Julio Enríquez, abogado de Foro Penal.

La presidenta de Defiende Venezuela, Génesis Dávila explicó a los Comisionados que en Venezuela hoy en día no existe un centro penitenciario que respete los derechos humanos , «Hoy son centros de tortura», dijo.

Violaciones al derecho a la salud

Carlos Briceño, miembros de Defiende Venezuela explicó durante la audiencia la situación en la que se encuentra Juan José Gámez Masa, detenido el 24 de diciembre de 2019 por el DGCIM, cuya detención se ha extendido por más de dos años y quién actualmente tiene problemas de hipertensión, en la vesícula y problemas graves de la vista. Hasta los momentos no ha recibido atención médica.

Además, informó sobre la medida cautelar 637/22 (persona con VIH), quien fue detenido en marzo de 2020 por el CICPC en la sede de Plaza de Toros en Valencia, Carabobo. «No ha tenido acceso a los tratamientos, ni a los estudios que le permiten diagnosticar el estado de avance del VIH en su cuerpo; desde 2020 ha presentado síntomas de que se encuentra en un estado avanzado, lo que pone en riesgo su integridad personal y su vida», dijo. Briceño señaló que en junio de 2020 el tribunal ordenó su traslado a un centro médico, el cual ha sido negado por el centro de detención.

De igual manera, Génesis Dávila explicó que José Ernesto Lazorzo fue detenido el 15 de septiembre de 2020 por el CICPC, y quién tiene cáncer con un tumor cerebral, fue condenado en abril de 2022 a 20 años de prisión. «Para un paciente con cáncer terminal esto representa una sentencia de muerte». Añadió, que  el 31 de agosto se ordenó su traslado para recibir atención médica a solicitud de la Defensoría del Pueblo, pero las autoridades penitenciarias también se han negado a cumplir con la orden. «Hasta ahora solo ha tenido acceso a una medicatura forense, la cual ha comprobado su condición de paciente terminal y su necesidad de tratamiento».

En cuanto al estado de salud de Emirlendys Benítez, el abogado Julio Enríquez indicó que se encuentra recluida en el INOF en Miranda, y, a pesar de haber tenido múltiples ordenes de tribunales para el traslado con el fin de realizar estudios médicos, las autoridades penitenciarias se han negado a cumplirla  desde octubre de 2021. «Actualmente tiene una hernia discal en la L1  y la L5 limitando seriamente su movilidad, se le duermen las manos y presenta mucho dolor. Sabemos por informes previos que tiene un mioma en un ovario pero no se le ha tratado. Se le ha negado el acceso a sus informes médicos«, indicó.

A su vez, el abogado de Foro Penal señaló que Henry Sánchez Medina, se encuentra detenido en el centro “Formación Hombre Nuevo”, en Tucuyito – Carabobo, y ha presentado varios síntomas de salud graves, incluyendo fiebres altas y severos cólicos nefríticos .«No ha recibido ningún tratamiento médico. En ese centro de detención no hay condiciones logísticas para traslados por temas de salud», explicó

Además, resalto que la ONG se encuentra preocupada por Juan Francisco Díaz, recluido en CENAPROMIL en Miranda. Díaz fue diagnosticado con glaucoma, migrañas y dolores intensos en sus piernas. «Se le niega tratamiento médico y es imposible tener un diagnóstico. Sus síntomas se han mantenido por largo tiempo y pueden representar una condición grave», dijo. Enríquez agregó que Juan Francisco tiene 6 años en prisión preventiva y no hay una justificación legal para mantenerlo detenido.

Sobre Ígber Marín Chaparro, informó a la Comisión que realizó una huelga de hambre que duró 66 días (hasta finales de enero de este año). «Tras levantar la huelga Ígber recibió algunas concesiones muy importantes para él, como poder hablar por teléfono con sus familiares, disminución de la hostilidad hacia ellos durante las visitas y salir al patio dos veces al día. Sin embargo, sigue sin recibir tratamiento médico«, señaló.

De igual forma. Suju alertó que Luis Alexander Bandres se encuentra muy afectado psicológicamente, presentando cambios bruscos de humor e ira. «Ha manifestado varias veces estar cansado y siente deseos de quitarse la vida, como una solución para terminar con el sufrimiento de su familia», incluso ha solicitado en varios ocasiones asistencia psicológica a la Cruz Roja Internacional.  Suju informó que su esposa e hijo son acosados cuando acuden a la visita, siendo requisados de manera inapropiada.

Continuando con los efectos psicológicos que las condiciones de detención han tenido sobre los beneficiarios, explicó que el capitán de navío Luis De La Sotta, durante sus primeros meses en el fuerte tiuna fue sometido a aislamiento severos en lugar infestados de ratas y zancudos, causándole una importante depresión y deterioro de su salud que se han agravado al negársele continuamente asistencia especializada. Además, De la Sotta padece hipertensión, hiperlipidemia, mareos y vértigo, cálculos renales, insuficiencia renal crónica grado uno y presencia de sangre en la orina. «Necesita urgentemente una colonoscopia y ha solicita asistencia psiquiátrica», dijo Suju.

En cuanto al general Hernández Dacosta, Suju detalló que padece diabetes tipo 2, tiene dos operaciones gastrointestinales y es un paciente con síndrome coronario agudo por angina. «Necesita exámenes recurrentes de sangre, glucosa y corazón, y cuando lo llevan al hospital militar no le hacen los exámenes que necesita y es la familia que debe encargarse con las medicinas que le llevan», indicó.

Irene Caguaripano explicó a los miembros de la Comisión que luego de 3 años y continuas negociaciones para trasladar a su esposo a un centro médico, este fue sometido a cirugía en sus testículos, los cuales le fueron desprendidos durante las torturas. La cirugía fue realizada en un área improvisada dentro de las mismas instalaciones del SEBIN que no contaba con las mínimas condiciones sanitarias requeridas para tal fin. 5 años después, en noviembre de 2022, se logró la autorización para que un médico urólogo pudiera ingresar a su lugar de reclusión y evaluarlo; el doctor realizó una evaluación general, sin embargo, fue imposible realizar el ultrasonido recomendado tanto por el médico forense y el urólogo, por lo que es necesario trasladarlo a un centro médico que cuente con los equipos. Finalmente, fue trasladado  a un centro médico para su evaluación el 12 de septiembre de 2021, para ser evaluado por síntomas de COVID- 19, luego de fallecimiento de su compañero de celda: el General Carlos Baduel, por un paro cardiorrespiratorio por COVID – 19, luego de que se le negara atención médica. «Tuvieron que esperar que muriera uno de sus compañeros de celda para suministrarle de manera forzada una atención médica adecuada», dijo.

Situación de Javier Tarazona

Clara Ramírez y Oswaldo Cáceres actualizaron a la Comisión sobre la situación del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, quién ha permanecido 613 días detenido arbitrariamente.

Ramírez recordó que el 31 de marzo de 2020 Fundaredes presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión a favor de Tarazona, por encontrarse en una situación de grave riesgo a raíz de sus acciones en defensa de los derechos humanos en la frontera venezolana, especialmente por las denuncias de Fundaredes sobre las acciones de grupo armados  irregulares en la frontera venezolana.

«En 2020 esta Comisión decidió que en el contexto que atravesaba se encontraba suficientemente acreditada la existencia de grave riesgo para los derechos a la vida e integridad personal de Javier Tarazona y su grupo familiar, en consecuencia el 18 de junio se emitió la medida cautelar; pero a pesar la vigencia de la medida cautelar, el Estado de Venezuela hizo caso omiso a las solicitud de protección y Javier Tarazona continúo siendo objeto de hostigamiento y criminalización por su labor de promoción y defensa de los Derechos humanos», indicó.

Ramírez resaltó que luego de que los actos de hostigamiento y amenazas contra Javier se materializaran el  2 de julio 2021 con su detención arbitraria, desaparición forzada y posterior reclusión en el Helicoide,  ha sido víctima de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes.

Oswaldo Cáceres manifestó que la organización está agradecida con la Comisión, que mediante la resolución 6020/22 con fecha del 30 de octubre de 2022, haya dado seguimiento a la medida cautelar de Javier Tarazona y solicitado al Estado venezolano que:

1. Asegure que sus agentes respeten su vida e integridad personal;
2. Garantice que sus condiciones de detención sean acordes con los estándares internacionales en la materia: iluminación y ventilación adecuada, así como acceso a espacios de recreación.
3. El Estado debe garantizar que se evite algún tipo de asilamiento e incomunicación;
4. Garantizar el acceso de atención y tratamiento médico para sus enfermedades, para garantizar el acceso al mayor nivel de salud posible. Otorgándole los medicamentos para los tratamientos de sus enfermedades, permitiendo el acceso a médicos independientes.
5. Investigar los alegatos sobre tortura que pueden haber tenido lugar por parte de agente estatales.

El Estado venezolano hasta el día de hoy no ha adoptado ninguna de las medidas solicitadas por esta Comisión y tampoco lo han liberado de su detención arbitraria, por lo cual la salud de Javier Tarazona se deteriora continuamente, padeciendo hasta el momento de: hipertensión arterial, arritmia cardíaca, insuficiencia venosa grave tipo 2, asma, alergia permanente y fibrosis pulmonar severa, colón irritable, tensión pulmonar, psoriasis, fisuras rectales y principios de alopecia como consecuencia de la limitada exposición al sol, dijo Cáceres.

Spbre el estado del proceso penal, donde se discuten los delitos de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo, los miembros de Fundaredes informaron a la Comisión que se estaba realizando  una audiencia oral y pública de Javier y los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García (los dos últimos se encuentran con régimen de presentación), la cual fue interrumpida en octubre de 2022 e inició nuevamente desde 0 en diciembre del año pasado.

Hasta la fecha es el único defensor de Derechos Humanos detenido en el país, y una vez más exigimos al Estado venezolano que libere a Javier Tarazona, expresaron.

Reacción de la Comisión

Los miembros de la CIDH expresaron completo rechazo por las condiciones denunciadas por los participantes. “Llamo a cada uno de los gobiernos de las Américas a que los escuchen y comparen estas violaciones con lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el Comisionado Carlos Bernal, quién también se desempeña como Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

De igual manera, la relatora de país, Emeralda De Troitiño en respuesta a las presentaciones aseguro que se puede concluir que no hay cumplimiento de las medidas cautelares.

A su vez, la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, Julissa Mantilla manifesto que  nada justifica lo que está sucediendo con las personas privadas de libertad en Venezuela.

 

Vídeo audiencia: Seguimiento a las medidas cautelares de personas privadas de libertad en Venezuela